De este modo, el organismo europeo exigirá un documento de registro comunitario de este tipo de alojamientos, “que facilite la recopilación y el intercambio de datos y armonice los sistemas que ya existen en los Estados miembro”.

La normativa recoge que toda casa, apartamento o habitación que se ofrezca en alquiler temporal hacia viajeros turísticos por un número concreto de días, deberá contar con un número de registro identificativo. De este modo, las autoridades competentes de cada país podrán conocer la identidad del anfitrión y asegurarse de que alojamiento está en regla.

Desde Bruselas, la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, califica el acuerdo como positivo ya que protege a todo el sector. Una medida, asegura, que luchará contra la oferta turística ilegal y reducirá el daño a buena parte del sector hotelero europeo.

La nueva normativa velará por el interés general del ciudadano

Morillo considera además que este tipo de legislaciones ayudan a mejorar las políticas públicas en favor de la vivienda, ya que pondrá más difícil alquilar una vivienda solo para uso de Airbnb. Que haya tanta vivienda destinada a este tipo de alojamientos, asegura, provoca mayor dificultad en el acceso a la vivienda de los ciudadanos, la pérdida de calidad de vida y fomenta la competencia desleal en el sector.

"Confiamos en que este acuerdo siga desarrollándose dentro del marco del Parlamento Europeo y en que se apruebe durante la presidencia española del Consejo", señala Morillo. La medida comunitaria, además, hará que las empresas como Airbnb se encarguen de controlar de forma aleatoria y periódica que no haya irregularidades en los registros, tanto por número de anfitriones (huéspedes) como por identidades erróneas.