En los últimos dos meses han sido sometidos a la justicia doce periodistas y 35 han sido blanco de agresiones en lo que va de año, lo que debe preocupar a todos los sectores de la sociedad.

La voz de alarma la dio el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) que entiende que las acciones buscan silenciar el trabajo de denuncia que hacen los profesionales de la comunicación.

Ente esta realidad llamó a las autoridades a prestar atención a la situación a fin de que no se vea vulnerado el derecho a la libre expresión del pensamiento.

Al celebrar este martes el Día Nacional de los Derechos Humanos, Olivo De León, presidente del CDP, se quejó de las agresiones, abusos, amenazas e intimidaciones que durante este año han padecido 35 periodistas, camarógrafos y fotógrafos y exhortó a los afectados a animarse a someter a la justicia a sus agresores, para lo cual recordó que tienen a su disposición el CDP y sus abogados.

Considera que de mantenerse la actuar tendencia de sometimientos de profesionales del periodismo a la justicia se pone en peligro la libertad de prensa, "pues se estaría provocando una gran cantidad de autocensura entre los comunicadores sociales y de censura en los medios de comunicación".

Entre los periodistas sometidos, en los dos meses más recientes identificó a Fausto Soto, secretario general de la seccional Peravia-Azua-Ocoa del CDP; Aridio Vásquez, de La Vega; Carmelo Soriano, de Haina  y ex periodista de Telemicro; Robert Vargas, editor del portal digital Ciudadoriental.net, y Julio Benzán, reportero de ese portal, quien además fue agredido física y verbalmente y amenazado de muerte por el artista urbano conocido como El Sujeto.

También, Fausto Rosario, el comentarista de la emisora la Z-101, Juan Taveras Hernández, Willy y Bienvenido Rodríguez, director y propietario de esa emisora; Juan Bolívar Díaz,  director del telematutino Uno más Uno, y de prensa de Teleantillas canal 2, y Luís Eduardo Lora (Huchi), productor del programa El Día y de Esta misma semana que se transmiten por Telesistema Canal 11.

De León consideró que el Poder Ejecutivo, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y al jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, no deben permanecer indiferentes a esta situación.