La Coalición Educación Digna espera poder dar inicio al término de más de una década de grandes desaciertos en el sistema educativo dominicano provocados por el incumplimiento desde el año 1997 de la Ley General de Educación en varios de sus artículos, siendo el que más le inquieta a la sociedad la falta de financiamiento que da sustento para viabilizar todas las demás políticas que la misma Ley prevé.

“La ley dice que el derecho a la educación es permanente e irrenunciable del ser humano, pero para el año escolar 2008-2009, de cada 100 niños y niñas de 5 años de edad, 25 todavía no habían iniciado su proceso de escolaridad y este dato se incrementa para la población comprendida entre 3 y 5 años ya que de cada 100 niños y niñas, 52 no han iniciado su escolarización, afirmaron los voceros del movimiento basado en insumos proporcionados por el mismo Ministerio de Educación (MINERD) durante el 2010. 

En su tradicional vigilia de cada día 4 los representantes de la Coalición  indicaron que según estimaciones basadas en cifras oficiales, alrededor de 363 mil niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años no asisten a la escuela actualmente. Esta situación es una clara violación a los derechos humanos de esta población.

“Cada persona tiene derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, y sin embargo hemos sido testigos del intento de dejar fuera del sistema educativo a personas indocumentadas, en una franca violación a los derechos humanos y a la Constitución”, manifiesta la Coalición al referirse a los intentos desde la Oficina Nacional de Migración de prohibir la inscripción en las escuelas de niños y niñas de ascendencia haitiana.

Otro elemento que destaca la Coalición es que la legislación prevé que la educación deberá ser en igualdad de oportunidades y brindando especial apoyo a las familias y educandos para superar las carencias de tipo familiar y socio-económico. “A pesar de algunos avances en nuestro país persisten diferencias de casi 3.5 años de años de escolaridad entre las clases “acomodadas” y las “desfavorecidas”, poniendo de manifiesto la desigualdad y la exclusión que promueve un sistema educativo injusto e ineficiente”.

"Por ejemplo, en el año 2010 los años promedio que un niño de clase pobre iba a la escuela era de 8; mientras que un niño de clase media había alcanzado ese promedio en el año 2000. Diez años pasaron y a los más desfavorecidos les sigue yendo igual de mal."

Además, la ley 66-97 dice que “los gastos en educación constituyen una inversión de interés social del Estado”, y aquí sí que no se verifica ningún avance. El promedio de inversión desde la sanción de la Ley no ha pasado el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), la mitad de lo que la misma ley manda.

Todo lo anterior es parte del artículo 4° de la ley, el cual cita los principios en los que se basa la educación dominicana. “A la educación no le faltan principios, solo resta que los hagamos cumplir”.

“Las leyes son para cumplirse, es lo primero que nos deberían enseñar en la escuela, pero es justamente la Ley de Educación la que por 14 años seguidos se viene incumpliendo.”