El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) conoció de la partida asignada de manera definitiva  a la en la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la nación  para el año 2015.

El organismo electoral recibió la misma cuota asignada en el año anterior  por un monto de 3 mil 150 de pesos, lo que a decir del pleno no cumple  con  lo establecido en el articulo 6 literal t de la ley 275-97, que establece: "elaborar y ejecutar su presupuesto anual y el de sus dependencias, el que no podrá ser mayor del 1.5 por ciento del Presupuesto de la Nación, el cual deberá ser incluido en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional, sin perjuicio de los gastos extraordinarios para ser aplicados a un proceso electoral".

En su acta el organismo hizo constar que a la fecha, de manera oficial,  la  Junta Central Electoral  no ha recibido  formalmente ninguna información  que haga constar que el poder ejecutivo tiene contemplado  asignar  los recursos necesarios para la preparación de las próximas elecciones del año 2016.

Por tal motivo, el pleno acordó solicitar formal de audiencia al presidente de la República a fin de que el primer mandatario reciba las informaciones de los miembros del organismo respecto a la situación financiera y presupuestaria como consecuencia de la  no asignación de los recursos para la organización y administración de las elecciones generales del próximo año 2016 y la necesidad de los mismos.

De igual manera, en la reunión se aprobó que la asignación presupuestaria  asignada para el año 2015 sólo permite  única y exclusivamente  garantizar  los programas y proyectos regulares de la institución para poder satisfacer las demandas de servicios de los ciudadanos que en solo 9 meses   implicaron en este año más de 9 millones de solicitudes presenciales que fueron satisfechas.

Sobre este particular, el pleno acordó reiterar  que  aunque la JCE tiene

la responsabilidad constitucional de organizar y administrar los procesos electorales, la garantía de un proceso electoral que reúna condiciones mínimas de legalidad, equidad  y legitimidad   es una responsabilidad del Estado en su conjunto, y muy especialmente de las instancias a quienes corresponde aportar los recursos   imprescindibles a estos fines.

Cedulación en el exterior

En torno a la ampliación de operativos de cedulación en el exterior se acordó discutir el tema  a partir de enero de 2015 a fin de determinar la factibilidad financiera de los mismos.

También se aprobó crear 54 nuevos colegios electorales en recintos existentes y nuevos correspondientes a los municipios Azua, Las Matas de Farfan,  Neyba, Villa  Altagracia, entre otros.