El legislador solicita la condena de un año de prisión, al pago de una indemnización de 10 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados.

Según el expediente, Martínez está acusado de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y los artículos 29, 33 38 y 51 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, en detrimento del diputado.

El legislador manifiesto que Martínez, de manera maliciosa y con intención de daño, hace afirmaciones que son absolutamente falsas.

"Me puede aguantar insultos inmerecidos y, a partir de ahora, todo aquel que se refiera a nosotros en términos injuriosos solo con la intención de daño, se verá conmigo en los tribunales de la República", dijo el legislador.

Moya dijo que si Martínez demostró una sola de todas las infamias que utiliza, entonces se retiró de la vida pública.

La demanda la resolución, en nombre de Moya, los abogados Enmanuel E. Pimentel Reyes y Frank R. Fermín Ramírez, quienes asistieron al auxilio judicial para realizar la experiencia sobre el disco compacto contencioso de las declaraciones difamatorias e injuriosas de Martínez, y comprobada su autenticidad, mar expedida una certificación sobre el mismo.

Requirió además los abogados el auxilio judicial, ante las autoridades competentes, para que sean facilitados los datos y generales de Martínez, a fin de tener una identificación precisa por medio a sus generales.

Piden declarar buena y válida en cuanto a la forma la presente querella con constitución en actor civil, por haber sido recientemente interpuesta conforme a las disposiciones legales que rigen la materia.

"Todas las infamias que Martínez, saca al aire sobre nuestro demostrado tener que demostrarlas en el tribunal", precisan los abogados.