La presidenta de la Comisión Bicameral que tenía a su cargo el estudio de la normativa, Faride Raful, presentó al Pleno un informe favorable en el que explicó que la comisión agotó un proceso de consultas por más de dos años con diferentes sectores de la sociedad civil y escucharon sus opiniones, las cuales fueron tomadas en consideración, logrando un consenso.

La normativa establece un marco regulatorio para los planes de Ordenamiento Territorial en los distintos niveles político-administrativo atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social, de gestión de riesgos y de desarrollo sostenible. 

Además, establece que en política del Estado el Ordenamiento Territorial integra los instrumentos de planificación del territorio y su relación con los procesos sociales, económicos y políticos, bajo una dinámica descentralizada otorgando mayor participación a los actores territoriales sobre la base de alianzas entre Estado, sector privado y sociedad civil.

El Ordenamiento Territorial es un proceso continuo impulsado por el Estado, que integra instrumentos de planificación y gestión participativa hacia una organización a largo plazo.