La Ley núm. 8-23 declara como ecoturística la provincia Duarte, con el objeto de velar por la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el fomento de las manifestaciones culturales, en beneficio del desarrollo económico y social de sus habitantes.

Para tales fines, esta ley establece un Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia Duarte y un director ejecutivo. El primero será el órgano rector de la promoción y regulación de las actividades ecoturísticas de la provincia y el segundo se encargará de ejecutar tales políticas. Dicha ley crea un fondo provincial para el desarrollo ecoturístico y ordena reservar una partida de 60 millones de pesos anuales en el Presupuesto General del Estado los dos años siguientes a su promulgación. 

Así mismo, la Ley núm. 9-23 modifica la Ley núm. 77-02, del 19 de julio de 2002, que declara la provincia de Hato Mayor como provincia ecoturística, con el propósito de adecuar la integración y funcionalidad de sus órganos rectores y ejecutores. También ordena reservar una partida de 20 millones de pesos anuales en el Presupuesto General del Estado, para el cumplimiento de lo dispuesto en la referida ley.

Por su parte, la Ley núm. 10-23 declara a la provincia El Seibo como polo turístico, esto en adición a su previa declaratoria como provincia ecoturística, en virtud de la Ley núm. 511-05 del 22 de noviembre de 2005. De esta forma se dispone la aplicación de los incentivos contemplados en la Ley núm. 158-01, del 9 de octubre de 2001, sobre el fomento al desarrollo turístico.