La normativa tiene el propósito de regular la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública.

Con esto, asegura la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado de toda conducta, actuación u omisión de la administración pública, regulando la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito del proceso de lo contencioso-administrativo consagrado en la Constitución de la República. 

La pieza propone que la jurisdicción contenciosa administrativa sea ejercida por los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia de naturaleza unipersonal del ámbito de distritos judiciales; los tribunales superiores administrativos, conformados por una o varias salas integradas, por no menos de tres jueces, y la Suprema Corte de Justicia, como tribunales de casación, entre otros elementos. 

Los tribunales superiores administrativos estarían divididos territorialmente, en cinco departamentos: central, con asiendo en el Distrito Nacional; Este, con asiento en San Pedro de Macorís; Norte, con asiento en Santiago de los Caballeros; Nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís; y Sur, con asiento en Azua de Compostela.