Esta medida tiene como objetivo fundamental asegurar la equidad y transparencia en el desarrollo de las elecciones, al mismo tiempo que busca prevenir la indebida utilización de recursos económicos y bienes del Estado con fines políticos. 

En base a esta resolución, la JCE establece directrices claras y específicas que gobiernan la participación de los funcionarios públicos que gestionen o no recursos económicos y bienes estatales. 

Según el documento emitido por la entidad electoral, esta resolución tiene el propósito de regular la participación de los funcionarios públicos que, durante los periodos de precampaña y campaña electoral, estén a cargo de administrar recursos económicos y bienes del Estado, sin importar si han expresado o no aspiraciones políticas durante la precampaña, o si han sido seleccionados como candidatos. 

La resolución también prohíbe la utilización de recursos económicos del Estado durante el período de precampaña y campaña electoral, y limita el financiamiento ilícito durante la precampaña, así como la colocación de propaganda política en edificios de instituciones públicas.