En el considerando sexto de la resolución, se establece que el tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje concertado entre la República Dominicana y la República de Haití, en fecha 20 de febrero del año 1929, indica en su artículo 10, que los ríos y otros cauces de agua que nacen en un Estado y corren por el territorio de otro Estado, o sirven de límite entre los dos países, ambos se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente o de alterar el producto de las fuentes de los mismos. 

Expresa, además, que a pesar de que el diseño de la política exterior recae sobre el Poder Ejecutivo, la crisis de Haití representa un suceso excepcional que requiere que todo el liderazgo nacional se unifique para garantizar el interés supremo de la nación. 

Se recuerda que este jueves continúan las conversaciones entre las autoridades de Haití y República Dominicana, con el fin de encontrar una solución justa y definitiva al problema del uso equitativo de los recursos hídricos compartidos del río Masacre.