La legislación aprobada por los diputados establece en su artículo 1 que la incautación y administración de los bienes se hará respetando siempre el debido proceso, así como su destino final en los casos en que se disponga su decomiso o se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva.

De igual forma, ordena la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda, como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.

El Incabide estará conformado por un Consejo Directivo y una Dirección Ejecutiva, con su sede central en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional y podrá instalar oficinas regionales y provinciales, las cuales actuarán por delegación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

El Consejo Directivo estará compuesto por el ministro de Hacienda, quien lo presidirá, el Procurador General de la República, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).