Así mismo, con un total de 158 votos de 194 asambleístas presentes fue aprobada la disposición transitoria presentada por el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, que prohíbe al presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024, nunca más presentarse al mismo cargo, ni a la vicepresidencia de la República.

Por otro lado, el artículo 268 de la Carta Magna, aprobado con modificación según propuesta presentada por el asambleísta Pedro Catrain, sobre la forma de gobierno y reglas de elección presidencial, detalla que ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno establecida en el artículo 4 de la Carta Magna, y que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Indica que tampoco podrá versar sobre las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de esta constitución. Esta fue apoyada por 165 asambleístas y rechazada por 31 asambleístas.

Los trabajos continuaron con la iniciativa de modificación al artículo 274, que trata sobre el periodo constitucional de funcionarios electivos, expuesta por la asambleísta Olfanny Méndez y se lee así: El ejercicio electivo del presidente y el vicepresidente de la República, de los representantes legislativos, los parlamentarios de organismos internacionales, de las autoridades municipales y de los demás funcionarios y representantes electivos terminará el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional con las excepciones previstas en la Constitución. La propuesta de Olfanny Méndez fue aprobada con 162 asambleístas a favor y 31 en contra.

Las modificaciones buscan reducir la matrícula de los diputados, cambiar la forma de escogencia del Procurador General de la República y sus adjuntos, unificar todos los niveles de elecciones y colocar un candado a la forma de elección presidencial. Así mismo, impedir que los presidentes se mantengan en el poder más allá de dos períodos constitucionales y prohibición para que cualquier otro funcionario de elección popular pueda cambiar la Constitución a su conveniencia.