El decreto 626-25 establece que la situación de daños y afectaciones provocadas por el fenómeno natural se clasifica de carácter regional. En tanto, el decreto 627-25 declara de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las instituciones destinadas a las labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

Las provincias que abarca esta clasificación son Barahona, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, La Vega y Monseñor Nouel, en adición a otras localidades en el territorio nacional.

Asimismo, las instituciones habilitadas a través de la excepción de emergencia nacional son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el de Educación, el de Agricultura, el de Interior y Policía, el de Obras Públicas y Comunicaciones, el de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), el Administrativo de la Presidencia, el de Turismo y el Servicio Nacional de Salud (SNS).