La organización política calificó la decisión como un “atraco al país”, señalando que sólo puede explicarse por la persistencia de un andamiaje jurídico que favorece la impunidad, la actuación de intereses de “cuello blanco” y la existencia de prácticas judiciales contrarias al interés público. A juicio, se trata de un nuevo escándalo en el que se instrumentaliza la justicia para favorecer a sectores empresariales y políticos en detrimento de un bien estratégico para el desarrollo nacional y la protección ambiental.

Desde el punto de vista jurídico, el PCT sostuvo que la sentencia debería dar lugar a acciones legales contra los jueces que la sustentan y contra los beneficiarios, al recordar que los límites de un parque nacional no pueden ser modificados sin una ley aprobada por las dos terceras partes de la matrícula congresual, al estar amparados por una ley orgánica, conforme al artículo 112 de la Constitución.

La organización advirtió que el conflicto trasciende lo estrictamente legal y adquiere un carácter político de alta gravedad, ya que podría abrir la puerta a la revisión de confiscaciones históricas de bienes vinculados a la dictadura trujillista, favoreciendo intentos de rehabilitación del trujillismo y de corrientes ultraconservadoras que buscan reescribir la historia nacional.

Asimismo, alertó que, de prosperar esta decisión, se colocaría en riesgo todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, debido a los reiterados planes y presiones que, en distintos momentos, han intentado desmantelar para beneficiar intereses privados.

El Partido Comunista hizo un llamado a la movilización de la ciudadanía, los centros académicos y de investigación, los movimientos ambientalistas y la opinión pública responsable, a fin de derrotar la sentencia y defender el patrimonio natural y la soberanía ambiental de la República Dominicana.