Denuncian al Director del CEA por presunta inacción ante orden del Presidente Abinader
- Escrito por Redacción Municipios al Día
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- Publicado en Nacional
Al centro Manuel María Mercedes, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado públicamente el incumplimiento de una disposición del presidente Luis Abinader por parte de la dirección del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). El conflicto legal gira en torno a la adjudicación de terrenos y una presunta falta de respuesta institucional ante denuncias de irregularidades administrativas.
Según Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, el caso se origina en el Poder Especial núm. 36-25, emitido el 10 de marzo de 2025. En este documento, el Poder Ejecutivo ordenó al director del CEA, Rafael Burgos Gómez, la suscripción de contratos de venta y transferencia de terrenos que ya contaban con el aval técnico correspondiente.
A pesar de la orden presidencial, la comisión sostiene que el proceso administrativo sigue detenido, lo que califican como un escenario de desacato administrativo que afecta la seguridad jurídica de los adquirientes de buena fe.
El abogado Moisés Sánchez Severino, representante legal del afectado Juan Rivera Cordero, presentó evidencias sobre la propiedad de una parcela de más de 21,000 metros cuadrados (Distrito Catastral 32). Los puntos clave de la documentación incluyen:
• Legitimidad de la compra: Operación realizada originalmente en 2013.
• Soportes técnicos: Cuenta con plano georreferenciado, tasación oficial y aprobación del Consejo de Directores del CEA.
• Presuntas irregularidades: La denuncia indica que decisiones posteriores habrían favorecido a un tercero vinculado al sector de combustibles, ignorando decretos vigentes.
Debido a la persistente falta de ejecución de la orden presidencial, la CNDH ha tomado medidas legales formales:
1. Solicitud de destitución: Presentada el 1 de septiembre de 2025 contra el director del CEA por presuntas faltas graves en la administración de terrenos estatales.
2. Denuncia ante la PEPCA: El 4 de septiembre de 2025 se formalizó el sometimiento ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
"La inacción estatal ante la apropiación irregular de terrenos debilita la confianza en las instituciones y compromete el patrimonio público", advirtió Manuel María Mercedes.
Los juristas hicieron un llamado urgente al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo para que se garantice la protección del derecho de propiedad y se investiguen las denuncias de fraude contra el Estado. Subrayaron que la transparencia pública es fundamental para mantener la inversión y el respeto al Estado de derecho en la República Dominicana.
