Entre las modificaciones introducidas por los diputados figura una reducción en las contribuciones que deberán realizar las empresas según su nivel de ingresos, además de establecer que el pago se efectuará en dos cuotas semestrales a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La iniciativa también dispone que el aporte será deducible de la renta bruta, fija un tope de RD$675,000 para empresas comisionistas y crea un régimen transitorio para la aplicación del nuevo esquema de contribuciones.

La iniciativa fue sancionada con modificaciones, por lo que será remitida nuevamente al Senado de la República para su conocimiento, luego de haber sido aprobada previamente por esa cámara.

El texto establece que las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán realizar una contribución especial obligatoria, calculada en función de sus ingresos.

Los recursos recaudados serán destinados a la creación de un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición actual de los residuos sólidos y fortalecer el desarrollo de un sistema integral para su gestión. La contribución deberá efectuarse conforme a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de cada entidad.