La entidad señaló que un análisis técnico comparativo entre la Ley 225-20, la Ley 98-25 y el proyecto de reforma aprobado por el Senado evidencia incrementos significativos en las contribuciones especiales que deberán pagar las empresas. Según indicó, en algunos casos los aumentos superarían el 1,000% respecto a la legislación original y contemplan una contribución máxima de hasta RD$3 millones anuales.

El presidente de ANIMPA, Pablo Trinidad Escalante, sostuvo que el incremento de los costos para las empresas importadoras y distribuidoras de agroinsumos terminaría impactando toda la cadena productiva. Afirmó que los productores ya enfrentan elevados costos de energía, transporte y materias primas, por lo que nuevas cargas económicas limitarían su capacidad de inversión.

Escalante advirtió que esos mayores costos se trasladarían gradualmente al consumidor, provocando aumentos en los precios de productos esenciales como arroz, habichuelas, plátanos, vegetales, carnes y leche. A su juicio, esto pondría en riesgo la estabilidad alimentaria y afectaría el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Aunque respaldó la necesidad de fortalecer la protección ambiental y modernizar la gestión de residuos sólidos, ANIMPA consideró que una reforma de esta magnitud debe sustentarse en estudios técnicos y construirse mediante un proceso de diálogo con los sectores involucrados.

En ese sentido, el gremio exhortó al Congreso Nacional a realizar vistas públicas antes de aprobar la iniciativa, elaborar un estudio de impacto económico y regulatorio y revisar la metodología para calcular las contribuciones especiales, con el objetivo de promover el cumplimiento ambiental sin afectar la producción nacional.