El Centro Bonó llamó al Gobierno a ser más transparente en y eficiente en la programación y ejecución del gasto público.

El llamado de la institución tiene como base el informe trimestral presentado por Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el cual queda evidenciada una subejecusion presupuestaria, así como el llamado de la sociedad por la efectiva ejecución del 4 por ciento del producto interno bruto en gastos correspondientes a la educación preuniversitaria.

La entidad explica que la subejecusión, ya que solo se ejecutó el 85 por ciento de lo presupuestado, es consecuencia a la postergación en gasto de capital, específicamente en obras de infraestructura.

En su acostumbrado Análisis de Coyuntura, la vocera del  Centro Bonó, Aris Balbuena, planteó que la inversión en servicios sociales universales debe ser prioritaria para poder asegurar una vida digna para los y las habitantes del país.

"A pesar de que el Gobierno ha tomado medidas para comenzar a ejecutar las obras rezagadas, preocupa que la ejecución en servicios sociales que incluye los gastos en educación, salud, agua y alcantarillado, vivienda, entre otros, alcanzó apenas un 33.2% al mes de mayo, siendo menor que servicios económicos y servicios generales, los cuales ejecutaron 42.1% y 37% respectivamente, entre los que se encuentran las transferencias y subsidios a los sectores energía, transportes, banca, justicia, orden público, defensa nacional y Cancillería", dijo.

Según el centro, la ejecución de un 28.8% del Ministerio de Educación en el periodo enero-mayo, es la más baja en al menos los últimos seis años.

Insiste en la necesidad de que la programación de la ejecución presupuestaria se dé a conocer a principio de cada trimestre, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público (Ley 423-06).

Saluda sorteos de obras

El Centro saludó la modalidad de la realización de sorteos de obras de infraestructura escolar, pero destaca la existencia de un rezago en estas construcciones, lo que atribuye a fallas en la planificación, citando como de las principales la inexistencia de terrenos para levantar las escuelas sorteadas por lo que se hace una compra de solares festinada.

Reclama del Estado la garantía de que el diseño y la construcción de los centros educativos tengan en consideración acceso para las personas con discapacidad.