Familias desalojadas de Valle Nuevo apelan al presidente Abinader para que les paguen sus terrenos

En rueda de prensa realizada en la residencia del diácono católico, Adriano Abreu Durán, los demandantes, agrupados en lo que denominan “Consejo de las Familias Durán Lagares, Durán Victoriano y compartes”, se quejan de haber sido desalojados de las parcelas 1272 C-3, y 1266, del distrito catastral número 2.0 de la Provincia La Vega, de las que tienen títulos, copias de los cuales entregaron a este diario.

El ingeniero agrónomo Rafael Benito Rodríguez, en representación de sí mismo y de las familias Díaz, Núñez y Capellán, dijo que llevan muchos años en lucha por sus derechos, pero que “tratos inhumanos” es lo que han recibido de las autoridades de Medio Ambiente.

Explicó que está consciente de que los parques nacionales y las reservas científicas son la base fundamental de cualquier país, pero se quejó de que las autoridades “vivan la vida entera utilizando los títulos de propiedad de los reclamantes para buscar dinero”, en lugar de cumplir con lo que manda la Constitución de la República.

Dijo que los pagos que se han realizado en esta localidad han sido a los ocupantes de Valle Nuevo, no a los verdaderos propietarios. “Aquí no se le ha pagado a nadie en Constanza, aquí se ha regalado. A las personas que invadieron terrenos les hicieron regalos, a los que hay que pagarles no se nos ha pagado”, precisó.

Proceso judicial

En tanto que Abreu Durán, quien funge como vocero del grupo, manifestó que las familias desalojadas, constituidas por más de dos mil personas, siguen pasando calamidades, mientras se les retiene una considerable suma de dinero por concepto de expropiación de sus terrenos.

“Desde agosto del 2023 estamos esperando que la Suprema Corte decida de nuestro expediente No.404549. Demandamos que la Suprema Corte de Justicia dictamine sobre el expediente de Valle Nuevo, Constanza, para que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) concluya ese expediente que ya conoce”, explicó Durán Abreu.

Manifiestan que ya está bueno de tantos obstáculos para que más de dos mil personas que viven en la pobreza extrema reciban “el pago justo”. “Hemos sido pacientes ante el Estado Dominicano al declarar de utilidad pública dichas propiedades desde los años 1983 y 1996, respectivamente, y no hacer el pago correspondiente”, precisan en un documento donde piden a la Suprema Corte de Justicia que reciba una comisión del Consejo de Familias.

Algunos de los presentes en la rueda de prensa amenazaron con tomar medidas de fuerza si no se obtempera a sus reclamos.

“Si en los próximos días ellos no nos resuelven nosotros lo que haremos es que vamos a ubicarnos en nuestras tierras nuevamente, en caso de que el Estado no corresponda como es; por eso le estamos haciendo un llamado al presidente Luis Abinader, que tome carta en el asunto”, expresó Nelson Mercedes Durán Díaz, representante de una de las familias demandantes.

Los reclamantes, en las personas de Adriano Abreu Durán, Rafael Marte Victoriano, Tomás Victoriano Santos, Juan Durán Durán, Rafael Benito Rodríguez, Ramón Durán Victoriano, Máximo Quéliz Soriano, Nelson Mercedes Durán Díaz, Eufrasia Durán Victoriano, Jesús Vargas Durán, Bartolo Durán De la Rosa, Rafael Rivero Soriano, Santo Vargas de los Santos, Alexandra Victoriano Victoriano y otros, dicen que en reiteradas ocasiones les han pedido a los distintos gobiernos que instruyan para que se haga efectivo el pago de sus tierras, pero sin resultado alguno, mientras sus familias pasan hambre, enfermedades, y otras ya han muerto sin ver realizados sus sueños.

Montos en disputa

Según los sucesores de Victoriano Durán Lagares, José Dolores Victoriano Durán, Baldemiro Durán Victoriano, Ovidio Durán Lagares, Anastasia Durán, , Julia Durán, Evita Soriano Durán, Baldemira Durán, Ramón Victoriano Durán, y Corporación General de Financiamiento S.A., el Estado tiene que indemnizarlos con la suma de RD$7,759,185,171.00, de acuerdo con la tasación realizada por la agrimensora Carolina Soto Borges, a razón de RD$338.36 el metro cuadrado de tierra, mientras que el Estado les está ofreciendo unos RD$200,000.000.00, porque Catastro Nacional ha tasado cada metro cuadrado a razón de RD$7.50.00.

Hasta la fecha el Estado ha pagado unos RD$520 millones a 316 agricultores de Constanza, sin título de propiedad, desalojados de los parajes Montellano, Pinar Parejo, Pinar Bonito, El Castillo, La Siberia, El Convento, Pinalito, Río Grande, Los Mañanguises y Sonador, correspondientes al Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier.

El último pago lo hizo el presidente Luis Abinader el 4 de abril del 2023, con la entrega de RD$370 millones a 110 productores desalojados en el 2017 de los distintos parajes de Valle Nuevo.