En las calles de Comedero y Caballero las actividades productivas se han reactivado poco a poco, bajo una vigilancia policial apostada en lugares estratégicos.
Juan Parache señaló que el objetivo principal de ese inventario es que el alcalde Gilberto Serulle pueda utilizar algunos espacios físicos para obras que están reclamando algunas juntas de vecinos de la localidad.
Las reses habían sido robadas de un corral propiedad de los hermanos Quirino Cruz y José Cruz, en la comunidad Carbonera de la provincia Montecristi.
Las autoridades policiales lograron recuperar tres de las motocicletas sustraídas por esta banda.
El Plan Social aportó los siguientes ajuares: camas, estufas con hornos y cilindros de gas de 50 libras, neveras, grecas, juegos de olla, camas, juegos de sábanas, mosquiteros, televisores de 21 pulgadas, set para café, juegos de comedor, lavadoras, licuadoras, y juegos de sala. Anteriormente, se hizo una entrega similar en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, a las señoras Ana Isabel Sánchez de la Cruz y Dulce María Román Féliz.
Según un documento enviado por el Ministerio de Obras Públicas, las armas incautadas fueron tres pistolas, un revólver, una escopeta y cuatro machetes, las cuales se remitieron al Ministerio de las Fuerzas Armadas para los fines correspondientes.
Los trabajadores, rechazan la forma de emplear personal en las zonas francas e industrias del país, a través de empresas contratistas, que en un gran porcentaje no cumplen con las leyes laborales.
Entre las instituciones, ciudadanos y organizaciones que apoyan y firman este reclamo, que ya cumplió 18 años, están la Federacion de Juntas de Vecinos, la Unión de Centros de Madres Mujeres Fronterizas de Dajabón, la Escuela Fe y Alegría, Red Fronteriza Jano Siksè, Radio Marién, el Club Rotario de Dajabón, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Solidaridad Fronteriza, Centros de Madres Ribera del Masacre y Sector Norte, y el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola.
Recientemente, internos de esos centros se amotinaron dejando alrredor de 20 heridos.
El organismo de fiscalización cifró en 82 millones 500 mil pesos, las deudas acumuladas por personas asistidas en el hospital Juan Bosch, desde 2006 hasta octubre de 2010. El documento detalla que la entidad médica benefició con el perdón de las deudas a un primer grupo entre octubre de 2006 a julio de 2010, con la suma de 30.6 millones de pesos.
