Alcalde de San Francisco Macorís reasume sus funciones en ayuntamiento

El Ingeniero Félix Manuel Rodríguez Grullón, acusado de supuestamente malversar los fondos públicos, asumió este miércoles, sus funciones como alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, en medio de las investigaciones por corrupción.

El alcalde que fue recibido como héroe en el palacio de justicia, lo favorecieron con medidas de coerción de garantías económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El ministerio público critico la decisión del Juez de la Corte de Apelación de la provincia Duarte, Claudio Aníbal Medrano, a pesar de que solicitó un año de cárcel como medida de coerción.

El artículo 44, acápite A) de la Ley 176-07, establece que si las medidas de coerción conlleva arresto domiciliario o la privación de libertad, es cuando el alcalde pierde los derechos ciudadanos y por ende la función.

El juez Medrano conocedor de la ley, otorgo las medidas de coerción al grupo, que les favorece volver a sus cargos, excepto Fiordaliza Genao, Tesorera, porque ésta fue sustituida por el concejo de regidores del ayuntamiento de San Francisco de Macorís.

A pesar de la decisión del Juez, la PEPCA indica que analiza y pondera el fallo para determinar si se apela la decisión que favorece con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida al alcalde Rodríguez Grullón y comparte.

Laura Guerrero, directora de la  Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), cuestionó hoy que fueran dejados en libertad el Alcalde y varios funcionarios del ayuntamiento de aquí acusados de malversar supuestamente los recursos del cabildo.

Los prevenidos presuntamente incurrieron en coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, concusión, abuso de confianza y asociación de malhechores, según la procuradora fiscal, Laura Guerrero.

Dijo que de enero 2007 a noviembre 2011, los imputados cometieron un fraude electrónico en la nómina, que incluye pagos sin soportes justificativos y otros delitos.

"Estos datos fueron tomados como indicadores dentro de una gama de irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas, pruebas fehacientes que justifican y avalan nuestro solicitud de arresto y allanamiento y el inicio de un proceso legal", afirmó Guerrero, a quien le sorprendió la decisión del juez Medrano de dejar en libertad a los imputados.