Silenciar la democracia y redes
- Escrito por Pavel De Camps Vargas
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- Publicado en Opinión
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La censura digital impulsada por políticos amenaza con silenciar la disidencia, socavar las democracias y apagar las voces ciudadanas que incomodan al poder.
En la era de las redes sociales, donde cada ciudadano puede ser emisor, receptor y fiscalizador del poder, la libertad de expresión se ha convertido en el blanco más incómodo para políticos que rehúyen la crítica al llegar al poder o cuando son criticados al salir del poder. El acceso a plataformas como X (antes Twitter), Facebook, Instagram. YouTube y TikTok han dado voz a millones que antes eran solo oyentes pasivos de los discursos oficiales. Pero este empoderamiento digital molesta, y la respuesta ha sido clara: censura, bloqueo de usuarios, restricciones a comentarios y, en casos extremos, persecuciones judiciales por simples publicaciones. En lugar de adaptarse a una nueva realidad participativa, muchos dirigentes prefieren amputar los canales de crítica con bisturí legislativo o veto autoritario.
Censura política en redes: el caso latinoamericano
Latinoamérica, tierra fértil para las tensiones entre poder y libertad, es testigo de una escalada preocupante en la represión digital. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloquea plataformas, elimina cuentas opositoras y criminaliza memes que ridiculicen al gobierno. En Nicaragua, Daniel Ortega ha convertido el ciberespacio en terreno minado: influencers críticos son detenidos y periodistas acosados con leyes ambiguas como la “Ley de Ciberdelitos”. En El Salvador, Nayib Bukele,en un momento se autoproclamó “dictador cool”, ha bloqueado ciudadanos desde sus cuentas oficiales de X y ha tildado de "tóxica" a la prensa independiente, promoviendo un clima de cancelación estatal. En México, varios gobernadores han sido denunciados por bloquear usuarios o restringir comentarios en transmisiones oficiales, alegando “protección contra el discurso de odio”, cuando en realidad se blindan ante la fiscalización ciudadana.
República Dominicana: ¿camino hacia el silencio digital?
La República Dominicana no escapa a esta peligrosa tendencia. En los últimos años, han surgido propuestas legislativas con fuerte aroma a censura: la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Libertad de Expresión y Medios Digitales y más recientemente, la controvertida Ley del DNI, abren la puerta a un marco jurídico peligroso, ambiguo y arbitrario.
El senador Félix Bautista y otros legisladores han promovido iniciativas que pretenden sancionar la “difamación en medios digitales”, sin establecer criterios objetivos ni garantías constitucionales. La imprecisión deliberada en estos proyectos amenaza con criminalizar la opinión crítica, la sátira política y el periodismo independiente.
Y no es solo en papel: múltiples funcionarios públicos han sido denunciados por bloquear usuarios desde cuentas oficiales, desactivar comentarios y eliminar publicaciones críticas. Lo han hecho alcaldes, regidores, diputados y hasta instituciones públicas, como ministerios y direcciones generales. Se justifican alegando "desinformación" o "ataques personales", pero el patrón es claro: censura preventiva para evitar el escrutinio.
La nueva Ley del DNI: ¿Estado de vigilancia o Estado de derecho?
El caso más alarmante es la recién promulgada Ley del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). Este instrumento legislativo permite al órgano de inteligencia acceder a información privada de los ciudadanos, sin orden judicial previa, y sin establecer límites claros a sus funciones.