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Errada "actuación" policial en caso muerte coronel en la UASD

Se entregó Wilson Daciel Nicasio, estudiante de la UASD y acusado de haber matado a tiros al coronel Julián Suárez Cordero. Hecho muy lamentado por la sociedad dominicana. Hecho que se produce en un contexto caracterizado por la existencia de nuevos métodos para la reivindicación de derechos sociales, políticos y económicos. Ni los estudiantes ni la Policía Nacional han sido capaces de adecuar sus estrategias a la solución alternativa del conflicto.

La policía sigue tirando bombas y tiros, infiltrando "calieses" en los movimientos sociales, y los estudiantes siguen tirando piedras, devolviendo bombas; y ahora penetra en la UASD el uso de arma y también se infiltran delincuentes. La sociedad dominicana continua en una condición de inmovilidad en los métodos de confrontación.

La forma como el estudiante Wilson Daciel Nicasio  se entregó, es extraordinariamente característica de una sociedad carente de garantía legal. Una sociedad carente de un estado de derecho. Es deprimente observar que un ciudadano tenga que acudir a un medio de comunicación, y que sea la población que se constituya en testigo. Lo contrario sería un suicidio. La práctica policial, regularmente en estos casos, es la eliminación física del acusado. La policía repite el crimen, pero de "forma institucional".

Vergüenza debería darle a la jefatura de la Policía Nacional que un ciudadano no tenga la más mínima confianza para acudir voluntariamente a los organismos judiciales y constituirse en sujeto de investigación, sin intermediario. Y la sociedad dominicana debería inmutarse, indignarse o reaccionar ante declaraciones de un jefe de la Policía Nacional que criminaliza a las personas, sin que antes sea juzgada por un tribunal, como establecen las legislaciones en materia penal y criminal.

Con declaraciones del jefe de la PN en torno a que "no se entregue" o con un  "vamos a responder de la misma manera o tal para cual", es decir a tiro limpio, no se construye ni se fortalece la institucionalidad de los organismos de seguridad y protección civil. No se construye la denominada seguridad democrática.

Lo anterior coloca la discusión en un desencadenante en el cual se puede establecer que cuando un policía mata un ciudadano los familiares del ciudadano deben responder "tal para cual" o proceder legalmente. Tiene el jefe de la PN derecho a aplicar la justicia por su propia cuenta, quién le dio esos poderes y derechos? Es la respuesta que debe dar el jefe de la PN cuando cae un miembro de esa "institución"?. Hay que investigar y aplicar, como se dice todo el peso de la ley, pero no solo a los que asesinaron el coronel, sino también a los policías que asesinaron al joven Félix Hernández Peralta,  de 30 años , en San Francisco de Macorís y que provocaron heridas graves a ciudadanos que se encontraban ejerciendo sus derechos a la libre circulación.

Durante el desarrollo de la huelga en San Francisco de Macorís, resultaron heridos de bala Leonardo Rosario Almánzar, vendedor de verduras, un menor de 13 años, el señor Juan Pastor Núñez de 55 años, Edison Paulino Gabriel de 21, Junior Matías de 25 años, Darlin Junior Severino Lora de 19 años, el cabo policial, Ramón Agustín Marte Santos, entre otros. ¿Y en qué fase se encuentran las investigaciones de estos ciudadanos que no tienen rango policial ni status político?.

El monopolio de la violencia es una condición que pertenece al Estado. Es una condición universal. El Estado tiene derecho constitucional de aplicar la violencia, pero que no se confunda con violencia física o matar. El monopolio a la violencia es el poder que tiene todo Estado de someter a sus ciudadanos al cumplimiento de la constitución, las leyes, las normas y los reglamentos. Y ningún jefe de policía, por más rango que tenga, se puede confundir con el Estado. El Estado es una estructura política que tiene una legitimidad dada por la ciudanía.

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