Voceros de entidades municipales hacen proclama conjunta ante suspensión de alcalde de La Romana

Los voceros de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Liga Municipal Dominicana y Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), así como el vocero del Partido de la Liberación Dominicana PLD, se pronunciaron de manera conjunta preocupados por la decisión tomada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana de suspender al alcalde por supuesta malversación de los fondos municipales sin antes demostrarse su culpabilidad en un tribunal.

Juan de los Santos y Victor D´Aza por Fedomu, Johnny Jones por la Liga Municipal, Julián Roa por Asodore e Ignacio Ditrén como secretario nacional de Asuntos Municipales del PLD, se reunieron la mañana de este miércoles en la sede de Fedomu para discutir una posición conjunta que unifique el sector municipal y "reafirmaron el compromiso del Estado Dominicano a favor de la transparencia y buen manejo de los recursos públicos, que debe llevar a cabo la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas".

Los líderes municipales dijeron identificarse con el interés de proteger el buen uso de los recursos públicos, pero sin embargo, "entienden que la ordenanza, amparada en el Art. 44 de la Ley 176-07 establece un precedente que violenta el artículo 69 numeral 3 de la Constitución de la República Dominicana (presunción de inocencia mientras no se prueba su culpabilidad) y por tanto, dicho artículo 44 de la Ley pudiera ser nulo de pleno derecho".

El pasado lunes, el Concejo de Regidores del municipio La Romana, suspendió al alcalde Tony Adamés, quien fue acusado de manejo irregular de recursos del Ayuntamiento y por alegada emisión de cheques sin fondos, al igual que acusan a los organismos de control del Estado de contubernio con dicho alcalde, ante una acusación formulada por el regidor del PLD Juan Antonio Medina Rivera (Juanchy).

Los voceros, quienes hablaron en representación de sus instituciones municipales, informaron que conformarán una comisión que procure entrevistarse con el Tribunal Constitucional a fin de vislumbrar las discrepancias surgidas con la ley municipal y la nueva Constitución, aprobada en el año 2010.