Los socios propietarios del instituto de maternidad San Rafael fueron enviados a juicio de fondo acusados de robo de energía eléctrica.

La jueza Kenya Scarlett Romero Severino, dl séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, ordenó apertura a juicio de fondo contra ordenó el juicio luego de acoger las pruebas presentadas en la audiencia preliminar por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) tras realizar un allanamiento en marzo pasado.

Moisés Ferrer, quien dirige la PGASE, declaró el centro de salud privado y sus accionistas incurrieron en los ilícitos de asociación de malhechores  y robo millonario de energía eléctrica en violación al Código Penal Dominicano y a la ley general de electricidad 125-01, los cuales fue desmantelados por el ministerio público acompañado de técnicos especializados.

Asimismo, el representante del ministerio público solicitó a una condena de 45 millones de pesos en contra del centro de salud privado como indemnización justa a las consecuencias de las acciones cometidas.

Ferrer afirmó que entre las pruebas aportadas figuran declaraciones testimoniales de técnicos sobre manipulación y alteración de la irregularidad y sobre la cantidad de energía sustraída en detrimento de Edeeste.

También dos pedazos alambre número 10 y dos piezas o muelillas que se utilizaban la sustracción y consumo de energía de manera fraudulenta, así como otros elementos probatorios aportados por los propios imputados durante la audiencia preliminar.