Entidades reclaman más recursos para el Poder Judicial

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) clamaron por más presupuesto para el Poder Judicial.

De la Rosa Tiburcio reclamó que el Poder Ejecutivo cumpla con la disposición de la Ley 194-04 que estable la asignación del 4 por ciento del presupuesto general de la nación para la judicatura y el Ministerio Público, obligación esta que nunca se ha cumplido, deteniendo el avance institucional de ese importante poder del estado, ya que se requiere de recursos para poder cumplir con los ejes fundamentales de un sistema de justicia efectivo que permita la accesibilidad, gratuidad y prontitud.

Manifestó que no se puede borrar la percepción que tiene la población del Poder Judicial, sin antes enfrentar las carencias del mismo, bajos salarios, centros de operaciones en condiciones infrahumanas, en donde jueces carecen de espacios físicos para realizar sus reuniones deliberativas y ni hablar el funcionamiento a diez años de entrada en vigor el código procesal penal del juzgado de la instrucción permanente de la provincia Santo Domingo en un furgón, constituyendo esto pena y vergüenza para un Estado de derecho.

Abogó por una independencia real del ministerio público, independencia que solo existe en el papel, puesto que se mantuvo la discrecionalidad de que el presidente de la república designe al procurador general, quien a su vez preside el Consejo del Ministerio Publico y por la composición del mismo, son a su vez sus subordinados jerárquicamente y puede lograr los traslados de los procuradores fiscales, por lo que no hay forma de enfrentar la corrupción administrativa cometida por funcionarios pertenecientes al partido que gobierna y del cual provienen tanto el procurador y demás miembros.

La entidad de la sociedad civil destaco que para la buena administración de justicia debe enviarse señales claras y precisas de que existe voluntad política para ello, tanto del ejecutivo, como del judicial, del ejecutivo cumpliendo con el mandato de la ley que establece el porcentaje que le corresponde a la justicia y de la judicatura, manejando esos recurso con la debida eficacia y transparencia, permitiendo que todos los agentes del sistema puedan hacer su trabajo dignamente y orgulloso del sector al que representan y que la población pueda contactar esas voluntades, de lo contrario estaremos acudiendo todos los años al mismo concierto de lamentos y ruegos.

De la Rosa Tiburcio, criticó que a la llegada de Danilo Medina a la administración de la cosa pública, haya dispuesto la eliminación dl Comisionado para la Modernización y Apoyo a la Justicia, que después de la proclamada constitución del 2010, se requiere de la readecuación y creación de unas series de leyes y esa era la institución llamada a promover y trabajar en ese orden, sin embargo por recomendación de algún científico fue dejado sin efecto el decreto que creó el comisionado como se le denominaba.

De su lado y en el mismo tenor, Vidal Potentini manifestó su temor de que este importante estamento jurisdiccional caiga en una eventual quiebra por la falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.

El presidente de la FTJ nobservó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la nueva constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.

Recordó que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.

"La FJT entiende, que si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social", manifestó Vidal Potentini.

Asimismo Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al tiempo de lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes, aunque no suficientes de Mariano Germán Mejía, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese importante poder del estado.

La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.

Potentini deploró la falta de implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud  del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores jurisdiccionales, con una mora judicial de casi 5,000 expedientes sin fallar y la tardanza en el conocimiento de los recursos de amparo y de otras acciones propias de la jurisdicción administrativa al someter a la administración pública al imperio de la ley.

Justicia y Transparencia advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del derecho.

La FJT demandó de la Suprema Corte de Justicia vigilar y dar seguimiento al  tratamiento que el superior administrativo le está dando a los juicios de amparo, los cuales en muchos casos se prolongan hasta por más de un año y hasta dos meses para la fijación de una audiencia, en clara y abierta violación a la constitución de la república, y con ello desnaturalizando la esencia y finalidad de la acción de amparo.