El Tribunal Constitucional rechazó una acción directa en inconstitucionalidad, mediante la cual la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) buscaba que se anulara el artículo 44 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, que manda a suspender de sus funciones a los alcaldes, vicealcaldes y regidores cuando se les impone prisión preventiva o se inicia juicio en su contra.

El TC declaró que esa disposición legal se ajusta a la Constitución de la República Dominicana. El artículo 44, de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que procede la suspensión en sus funciones de los alcaldes (as), vicealcaldes (as) y regidores desde el mismo momento en que se dicten en su contra medida de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad, y cuando se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.

En el párrafo I, esa norma señala que corresponde al Concejo Municipal conocer sobre la suspensión en sus funciones del síndico y regidores, así como disponer su reincorporación al cargo. Mientras que en el párrafo II dice que mientras permanezcan en la situación de suspensión de funciones, los afectados no percibirán las retribuciones y viáticos establecidos y que en caso de ser absueltos, tendrán derecho al reintegro de los mismos.