Investigación del Centro Bonó muestra efectos de negarles documentos a hijos de haitianos nacidos en el país

Sueños rotos, estudios paralizados, empleos que se esfuman, matrimonios que no pueden realizarse. Son algunos de los efectos visibles que padecen los dominicanos/as de ascendencia haitiana afectados por la Resolución 12-07, y que han sido recopilados en la investigación "Vidas Suspendidas", presentada por el Centro Bonó.

En este trabajo, realizado por la investigadora Katerina Civolani, se describe cómo la suspensión temporal de las actas de nacimiento y cédulas ha vulnerado el derecho de las personas ya registradas como dominicanas a ejercer su ciudadanía y disfrutar de los derechos que le corresponden. "Más allá de la dimensión legal, ésta disposición ha lacerado la vida de la gente y la de sus hijos/as, colocando en una nebulosa su identidad, su forma de estar en una sociedad que antes les reconoció y que ahora les desconoce".

Según la investigadora, los sentimientos de miedo, rabia, impotencia, indignación fueron expresados por casi todos/as los/as entrevistados/as, porque parte de su cultura y del sentido de pertenencia a la sociedad dominicana en la que ha crecido y en la que se han socializado, se ponen en entredicho. "El malestar y la vulneración de los derechos se agudizan cuando analizamos la situación de las familias de las personas afectadas", comentó Civolani. Imposibilidad de casarse, presentar a los/as hijos/as, inscribirlos/as en la escuela son algunos de los derechos  vulnerados para los/as afectados/as y su familia.

Durante el acto -donde se presentaron videos, una pequeña obra teatral y canciones de merengues con letras que apoyan la lucha de estas personas- también se expusieron las opciones que deben implementarse para reparar el daño: 1.) Devolución íntegra de todos los documentos de identidad a los/as dominicanos/as a través de la JCE, 2.) Revisión profunda de las leyes y normas propuestas para el futuro sobre los derechos de los dominicanos/as reconocidos por el Estado, 3.) Definición de un plan de reinserción al sistema educativo de los/as afectados/as a través de becas y 4.) Que la JCE reconozca públicamente el daño realizado.