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Juez ordena entregar documentos Odebrecht a Participación Ciudadana

PC informó que en los próximos días visitará a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia para coordinar la entrega de los documentos.

El magistrado Francisco Ortega Polanco, en funciones de Juez de la Instrucción Especial en el caso Odebrecht, dictaminó a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia que se le entregaran las copias de los documentos probatorios y escritos de defensa del juicio, al movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, PC.

Participación Ciudadana solicitó el pasado 23 de agosto a través de su abogado Francisco Álvarez Valdez.

A la solicitud de PC los imputados Ángel Rondón y Tommy Galán Grullón presentarion objeciones, depositando respectivas instancias y pidiendo que previo a cualquier decisión al respecto se investigue la procedencia y finalidad de lo solicitado y, que PC se circunscriba a la verdad y crónica periodística fidedigna para evitar la contaminación del proceso y el perjuicio de las partes hasta que se dé la sentencia irrevocable.

Mediante el Auto Núm. 07-2018, el juez Ortega Polanco señala en el primer ordinal de la parte resolutoria: “ORDENAR, como al efecto ORDENAMOS, a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, ad hoc, de este juzgado de la Instrucción poner a disposición de la entidad no gubernamental Participación Ciudadana Inc., a través de su representante y a su costo, las copias de las actuaciones estrictamente de carácter público relativas a la fase intermedia del expediente de que se trata, con las excepciones señaladas en el cuerpo de esta decisión, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución”.

El magistrado indica que la decisión fue tomada atendiento a lo establecido en el Código Procesal Penal, en su artículo 6, sobre la participación de la ciudadanía, el cual dispone que todos los habitantes del territorio de la República Dominicana tienen derecho de participar, en la forma y condiciones, legal y constitucionalmente establecidas en la administración de la justicia.

También responde al derecho al libre acceso a la información pública contemplado en la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y en la jurisprudencia nacional.

 

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