"Estamos llamando a la ciudadanía a vestir de negro ese día en el que estaremos tomando las principales plazas y esquinas de las ciudades para manifestar nuestro rechazo de manera contundente a las decisiones del ejecutivo de someter una pieza que claramente afectará directamente a los más pobres del país".

Asimismo, estamos organizando dos encuentros regionales para este fin de semana. El sábado convocamos a las organizaciones de San Pedro de Macorís y todo el Este a un espacio de articulación a las 9 de la mañana en el recinto principal de la Universidad Central del Este.

El domingo 28 a las 9 de la mañana se reunirán las organizaciones de todo el Cibao en  Santiago, en el  Recinto Ercila Pepín de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Movimiento Justicia Fiscal afirma que sin cambios en calidad del gasto propuesta del gobierno no garantiza cambio en redistribución de riquezas.  Pese a que la propuesta tributaria sometida por el Gobierno al Congreso Nacional contiene algunos impuestos de carácter progresivo, el Movimiento Justicia Fiscal estima que, sin cambios en la calidad del gasto, la propuesta impositiva no garantiza un real cambio en la redistribución de la renta y la riqueza nacionales.

Es decir, sin las debidas correcciones en el funcionamiento de las instituciones y en la estructura del gasto público, lo más probable es que gran parte de los ingresos provenientes de los nuevos impuestos en lugar de satisfacer necesidades colectivas prioritarias, irán a parar a áreas gubernamentales donde predomina el gasto superfluo, el clientelismo y la corrupción.

"La imposición del ITBIS sobre alimentos como aceites y azúcar, y especialmente el incremento de los impuestos sobre los combustibles implican cargas significativas sobre la población más pobre. El incremento en los ya muy elevados precios de los combustibles afectará negativamente los procesos productivos, haciendo menos dinámicas las empresas y las inversiones. Pero además, encarecerá los productos y servicios, y el transporte de pasajeros, los cuales tienen un elevado peso en la canasta de consumo de la población de menores ingresos", manifestó Manuel Robles, de la comisión de economistas del Movimiento.

Asimismo, Robles reiteró que la posición del colectivo de organizaciones es que el Presupuesto 2013 se debe formular sin la introducción de nuevas cargas impositivas para la población. Para esto es necesario reducir el monto presupuestario, tal y como se ha planteado en el seno del Consejo Económico Social (CES), poniendo énfasis en la reorientación y mejorara de la calidad del gasto público.

"Exigimos que este presupuesto no se elabore en función del historial o hechos pasados que validan los niveles de corrupción y clientelismo, sino en función de la justificación de necesidades de recursos en base a los resultados que se quieren alcanzar; es decir un Presupuesto Base Cero. Este presupuesto debe centrarse en mejorar los servicios públicos a la población, cerrando brechas sociales históricas y cumpliendo con el compromiso asumido con la población de  incluir el 4% del PIB para la educación preuniversitaria."

Los representantes del Movimiento reiteraron que es inaceptable la permisividad de las instituciones de control que dejaron construir un déficit fiscal de más de 180 mil millones de pesos, un 8% del PIB, dos veces lo que manda la Ley General de Educación 66-97 como inversión mínima obligatoria para la educación pre-universitaria. "Tanto los responsables de esta acción como las instituciones de control que omitieron este desastre económico deben responder ante los poderes del estado y sobre todo frente a la ciudadanía, que ha manifestado su indignación y rechazo frente a la posibilidad de que este manejo indebido de los dineros públicos quede impune".

Para "entusiasmar, motivar y comprometer a todos los sectores" como plantea el Presidente y "preservar la confianza en las políticas públicas" creemos que es necesario  establecer responsabilidades y sancionar a los responsables de la situación actual y crear una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades que no pongan en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y eviten que lo ocurrido durante este año no vuelva a ocurrir.