En la reunión, que se desarrolló en el auditorio de la Procuraduría, Domínguez Brito anunció que el Gobierno trabaja en el diseño de una nueva política en materia de lavado de activos que, según informó, será presentada  ante consultores internacionales para definir estrategias y procedimientos que sean más efectivos en la lucha contra el narcotráfico en el país.

Agregó que ese documento también será entregado a los representantes de cada organismo que integran la mesa de trabajo para que formulen las recomendaciones que estimen pertinentes. Destacó además que el proyecto marcará una agenda de trabajo para el próximo año  porque identificará nuevos procesos en la prevención y persecución de ese delito.

Igualmente, dijo que en cada encuentro mensual  se hará una evaluación de planificación estratégica, y que la Procuraduría solicitará un informe a cada representante de las entidades que integran la mesa de trabajo, con la finalidad de que presenten cualquier actividad sospechosa  de narcotráfico para abrir investigaciones al respecto.

La mesa de trabajo es coordinada por la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría, que dirige Germán Miranda Villalona,  y la integran representantes de la Policía Nacional, Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Departamento de Inteligencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas (J2) y la Marina de Guerra.

También, lo integran las direcciones generales de Aduanas y de Impuestos Internos, Colegio de Contadores Públicos, Comité Nacional contra el Lavado de Activos y la Unidad de Análisis Financiero, así como las superintendencias de Pensiones, Valores y de Seguros.

En el encuentro participaron además, Beatriz Arenas, representante de la Embajada de Estados Unidos en el país, y José Martins, secretario de la mesa de trabajo por parte de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría.

La mesa de trabajo cumple con un acuerdo de cooperación jurídica institucional firmado en el año 2008 entre el Ministerio Público y las referidas entidades,  para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.