Procuraduría instruye a fiscales velar por integridad de personas bajo custodia policial

La instrucción general 001, firmada el 23 de mayo, encarga a todos los miembros del Ministerio Público actuar con estricto apego a las disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias que tutelan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

En ese sentido, dispone que “velen por el respeto irrestricto a la integridad física, psíquica y moral de las personas que resulten privadas de libertad por la Policía Nacional, por la Dirección Nacional de Control de Drogas, o por cualquier organismo o agencia de seguridad del Estado, ya sea en virtud de una orden judicial o por tratarse de un delito flagrante”. Cita el artículo 276 del Código Procesal Penal, que prohíbe a “funcionarios de la Policía” el “aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, u otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes” a los detenidos. 

Entre otras disposiciones constitucionales, legales y de convenciones internacionales, alude también el artículo 26, numeral 5, de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que confiere a ese organismo la atribución de investigar las detenciones arbitrarias, velar por el respeto de las libertades públicas y garantizar que en cuarteles y destacamentos sean respetados los derechos fundamentales. Si en algún caso se comprueba un apresamiento irregular, deberán ordenar la liberación inmediata del afectado, tal como establece el Código Procesal Penal, indica.

Deberán también velar para que se les garanticen las atenciones médicas oportunas en casos necesarios, que no haya discriminación por género, color, edad, religión o condición social, así como procurar las garantías que establecen las leyes para las personas adolescentes, envejecientes o con algún tipo de discapacidad.