Denuncian irregularidades en licitaciones de acueductos que favorecería exclusión en el país
- Escrito por Mabel Rivas
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- Publicado en Santo Domingo de Guzmán
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Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia).
El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, denunció presuntas irregularidades en los procesos de licitación de las corporaciones de acueductos y alcantarillados, al asegurar que se aplican criterios restrictivos que terminan excluyendo a oferentes durante la fase de evaluación.
El ingeniero explicó que, en el caso de personas jurídicas, la valoración de la experiencia como contratista —que representa 15 puntos— solo toma en cuenta las obras ejecutadas directamente por la empresa oferente, dejando fuera la experiencia acumulada por los profesionales de su equipo técnico. Esta práctica, afirmó, afecta a ingenieros que han participado en proyectos como funcionarios, residentes o supervisores, provocando que las empresas obtengan puntuación cero en ese renglón.
Tejada advirtió que estas condiciones podrían abrir espacio a decisiones discrecionales y posibles actos de corrupción en los procesos de contratación pública, al limitar la competencia y favorecer a determinados participantes. Así mismo, cuestionó la exigencia de que el ingeniero civil jefe de obra posea una maestría en hidráulica o sanitaria, al considerar que este requisito contraviene la Ley 111 de 1942, la cual regula el ejercicio legal de las profesiones de ingeniería, arquitectura y agrimensura en el país.
En el ámbito financiero, denunció la imposición de requisitos que calificó como excesivos, incluyendo referencias bancarias, certificaciones de liquidez y otros documentos que obligan a los oferentes a demostrar hasta un 30% del valor total del proyecto, y un 15% en el caso de las mipymes, como condición para participar.
Indicó que, aún cumpliendo con estas exigencias, las entidades realizan evaluaciones internas no transparentes, estableciendo índices de solvencia de hasta 3.40 millones de pesos, por encima del límite de 1.5 fijado en los pliegos. A su juicio, esto viola el Reglamento Núm. 416-23, específicamente su artículo 69 sobre certificación de apropiación presupuestaria.
El expresidente del Codia planteó que la Ley 47-25 debe corregir estas distorsiones y eliminar exigencias desproporcionadas que, según afirmó, vulneran derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana. Recordó que estas prácticas se arrastran desde la aplicación de la Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06, por lo que insistió en la necesidad de reformas que garanticen mayor equidad y transparencia en los procesos.
Finalmente, instó a la Dirección General de Contrataciones Públicas a velar por el cumplimiento del principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución, así como por la correcta aplicación de la normativa vigente en todos los procesos de contratación estatal.
