Fedomu afirma deuda de EDES a los ayuntamientos es incalculable porque no cumplen la ley
- Escrito por Augusto Valdivia
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- Publicado en Santo Domingo de Guzmán
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Nelson Núñez, presidente de Fedomu y alcalde de Samaná.
El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, afirmó que la deuda que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) mantienen con las alcaldías del país es "incalculable", debido a un incumplimiento legal que se ha extendido por más de una década. Con estas declaraciones, el también alcalde de Samaná reaccionó a las recientes denuncias del sector eléctrico, aclarando que la morosidad en este servicio es un problema mutuo y no exclusivo de los cabildos.
La controversia escaló luego de que el presidente del Consejo Unificado de las EDES, Celso Marranzini, señalara en una entrevista televisiva que las alcaldías arrastran una deuda de 300 millones de dólares, calificando la situación como una pesada carga para el Estado dominicano. Ante esto, Núñez precisó que, si bien los municipios deben pagar por el consumo de las oficinas municipales y el alumbrado público, las distribuidoras tampoco cumplen con las transferencias que les corresponden por ley.
El origen de la disputa financiera radica en el artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01 y en la sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional. Este ordenamiento jurídico establece que las EDES deben pagar mensualmente a los ayuntamientos el 3% de la facturación corriente recaudada en sus respectivas demarcaciones, un monto definido por el alta corte como un arbitrio municipal o tasa compensatoria, y no como un impuesto.
Según el titular de Fedomu, las empresas eléctricas han ignorado este mandato desde el año 2013, lo que ha generado un balance negativo acumulado que las autoridades municipales consideran imposible de cuantificar con precisión en la actualidad. Núñez enfatizó que "las EDES tampoco pagan", desmontando la postura de que los gobiernos locales son los únicos responsables del impago.
Finalmente, el presidente del gremio municipalista advirtió que la retención de estos fondos por parte de las distribuidoras, sumada a los costos operativos del alumbrado público, es uno de los factores principales que provocan el asfixiante déficit presupuestario de los ayuntamientos. Esta falta de recursos, concluyó, limita drásticamente la capacidad de los cabildos para cumplir con sus funciones esenciales y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.
Ante un escenario donde ambas partes se reclaman deudas millonarias y el cumplimiento de la ley sigue en el limbo, queda en el aire una interrogante fundamental para el desarrollo local: ¿seguiremos atrapados en este círculo vicioso de impagos institucionales, o se aprovechará la coyuntura para sentar las bases de un círculo virtuoso de transparencia y colaboración mutua?.
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