Fedodim llama a diputados a aprobar Ley de Residuos Sólidos; Conep la rechaza

Fedodim valoró la pieza como un paso trascendental e impostergable para estabilizar las finanzas municipales, garantizando los recursos necesarios para la recolección, transferencia y el financiamiento definitivo del sistema integrado de desechos e hizo un llamado directo a la Cámara de Diputados para que desestime las presiones de parálisis del sector empresarial y proceda con la pronta conversión en ley de esta propuesta legislativa.

En la acera opuesta, el sector privado ha reaccionado con un rechazo contundente, abriendo una profunda brecha con la postura municipalista. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) catalogó la aprobación express como un nuevo "golpe de bolsón" para el empresariado, criticando severamente que reformas de alta complejidad técnica sean introducidas y sancionadas de urgencia en el Congreso Nacional.

Para el principal gremio empresarial, este proceder recurrente debilita los procesos legislativos y restringe drásticamente la participación de los sectores productivos, limitando la oportunidad de construir un marco jurídico consensuado, previsible y de largo plazo para el país.

A estas críticas se sumó la Organización de Empresas Comerciales (ONEC), cuestionando la falta de rigor metodológico detrás de la pieza, advirtiendo que la medida satura la capacidad financiera de las empresas y añade cargas excesivas en momentos donde la economía exige mayor competitividad.

Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim, defendió la reforma argumentando que posee un alto sentido de equidad distributiva y proporcionalidad financiera. Richardson sostuvo que la plena implementación de la Contribución Especial es la "clave definitiva" para capitalizar el Fideicomiso DO Sostenible y rescatar a los distritos municipales de la precariedad económica.

La ley prohíbe taxativamente la importación y fabricación de sorbetes, cubiertos, vasos y envases de poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad, otorgando apenas un plazo de seis meses para su sustitución total por alternativas sostenibles como cartón, bambú o bagazo de caña. Mientras Fedodim ve en esto una victoria sanitaria crucial para sanear los botaderos municipales, las industrias advierten sobre la complejidad logística y los costos operativos de forzar esta transición en un tiempo tan limitado.

En medio de este escenario de confrontación, resalta la absoluta inacción del resto del ecosistema municipalista dominicano.

Richardson hizo un llamado directo a la Cámara de Diputados para que desestime las presiones de parálisis del sector empresarial y proceda con la pronta conversión en ley de esta propuesta legislativa. Para la entidad, el derecho constitucional de los ciudadanos a habitar en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado debe primar sobre los intereses financieros particulares.

La federación reiteró que los gobiernos locales están técnicamente listos para coadyuvar en la fiscalización de los fondos recaudados por la DGII, asegurando que cada peso de la Contribución Especial se traduzca en una gestión eficiente, moderna y sostenible de los residuos en cada rincón del territorio nacional.