La organización planteó que las nuevas contribuciones económicas contempladas en la propuesta legislativa fueron establecidas sin que se hayan presentado estudios técnicos, metodologías de cálculo o análisis de impacto que justifiquen los montos previstos, por lo que entiende que el proyecto debe ser objeto de un proceso de discusión más amplio.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, afirmó que el sector turístico respalda las políticas dirigidas a fortalecer la gestión ambiental y promover la economía circular, pero insistió en que cualquier mecanismo de financiamiento debe sustentarse en criterios técnicos y objetivos.

"La sostenibilidad y la competitividad deben avanzar de la mano. Las contribuciones vinculadas a la gestión de residuos deben responder a criterios objetivos y guardar una relación proporcional con la generación real de residuos, garantizando seguridad jurídica y un trato equitativo para todos los sectores productivos", expresó.

La entidad recordó que el turismo constituye uno de los principales motores de la economía dominicana. Durante 2025, el país recibió más de 11 millones de visitantes entre turistas y excursionistas, consolidando un nuevo récord para la actividad y generando miles de empleos directos e indirectos, además de importantes ingresos en divisas.

A la posición de Asonahores se sumaron la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación Nacional de Rent A Car (Andri) y la Asociación de Inversionistas Hoteleros de Ámbito Internacional (Inverotel).

Las organizaciones consideran que el esquema de contribuciones debe guardar relación con el tipo y volumen de residuos que genera cada actividad económica, incentivar el reciclaje y la valorización de residuos, reconocer las inversiones ambientales que ya realizan numerosas empresas y evitar disposiciones que puedan afectar la seguridad jurídica o la competitividad del país.

Finalmente, reiteraron su disposición de continuar trabajando junto a las autoridades en la construcción de una legislación que fortalezca la gestión integral de los residuos sólidos, con una base técnica, eficacia ambiental y viabilidad económica para el desarrollo sostenible de la República Dominicana.