Las organizaciones políticas manifestaron su preocupación por las denuncias de que brigadas, acompañadas por agentes de la Policía Nacional, realizan desalojos y demoliciones de viviendas, generando temor, incertidumbre y consecuencias sociales para familias que durante décadas han levantado sus hogares y construido sus comunidades.

“El derecho a una vivienda digna es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución de la República Dominicana y por diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado dominicano. Ninguna política pública puede desconocer ese principio ni colocar a familias trabajadoras en una situación de indefensión” expresó Sócrates Orlando Peguero, vocero de los partidos.

Consideraron que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo, el respeto al debido proceso y la búsqueda de soluciones que garanticen la paz social, evitando actuaciones que profundicen el sufrimiento de las comunidades.

En ese sentido, respaldaron las demandas formuladas por las organizaciones comunitarias, entre ellas la declaratoria de utilidad pública de los terrenos ocupados por familias de larga data, la continuidad de los procesos de titulación, la suspensión de los desalojos mientras se construye una solución definitiva y la protección efectiva de los derechos de los residentes.

Así mismo, hicieron un llamado al Gobierno para que abra una mesa de diálogo con representantes de las comunidades, las autoridades competentes y las organizaciones sociales, con el propósito de encontrar una salida justa, legal y humanitaria al conflicto. Los comités municipales de las tres organizaciones políticas reiteraron que el desarrollo del municipio de La Caleta y Boca Chica no puede edificarse sobre el desarraigo de su gente, sino garantizando seguridad jurídica y respeto a la dignidad de las familias.