La CNDH de Higuey exigen dignifiquen la vida de los internos en la cárcel preventiva de la provincia.

La CNDH de Higuey exigen dignifiquen la vida de los internos en la cárcel preventiva de la provincia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial  provincia de La Altagracia, exige de las diferentes autoridades encargadas que dignifiquen y humanicen la vida de los internos en la cárcel preventiva de Higüey.

Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, denuncio que la cárcel preventiva de Higuey ha sido bautizada como  “fábrica de muerte”, por los hechos lamentables que suceden diariamente dentro del recinto carcelario.

Manifestó que constantemente ocurren hechos lamentables dentro del penal penitenciario y el más reciente fue el del interno Francisco Cornelio Cueto, quien fue llevado en condiciones graves al hospital Nuestra Señora de la Altagracia, donde falleció,  a raíz de una paliza que recibiera dentro de la cárcel.

María Mercedes, dijo que Cornelio Cueto no ha sido el único recluso fallecido dentro de este reciento, sino que han tenido más tres casos en las últimas semanas y que lo han venido denunciando en los diferentes medios pero que las autoridades se hacen los ciegos, sordos y mudo.

“No tenemos temor en calificar estas muertes como crímenes de Estado, ya que el Estado es siempre responsable de la  integridad y de la vida de los internos en los centros penitenciarios del país”.

“En el caso específico de esta preventiva responsabilizamos de estas muertes y de las demás situaciones que se dan, tanto la   Policía Nacional que  la Procuraduría General de la República”, Enfatizó el defensor de los derechos humanos en la república dominicana Manuel María Mercedes.

 Denuncio  un negocio que se da dentro de la misma cárcel por las necesidades de los internos, se les cobra para todo, para ir al baño, para dormir en un lugar más decente, para recibir la comida e incluso para recibir visitas se les está cobrando  entre 500 y 1, 000 pesos.

“Hemos recibido denuncias que las autoridades policiales cobran también por cada interno que entra y les suspenden los traslados a fines de extorsionarlos con sumas que van entre los diez mil y doce mil pesos.  El negocio redondo está  entre las autoridades policiales a cargo de la preventiva, los encargados de las celdas y los prebostes nombrados por ellos, con la anuencia y la complicidad de las autoridades locales de la Procuraduría General de la  República”, argumento María Mercedes.

Exigieron que se desmantele el negocio sobre la vida de los internos  que allí impera y a las autoridades locales de la Procuraduría General de la República que agilicen las audiencias para evitar el hacinamiento y que se activen para una ampliación de dicha cárcel.

La comisión nacional de los derechos humanos,  saludaron  los cambios que se han implementado la semana pasada, con el nombramiento del coronel Jonny Soto Abreu y las medidas que se están tomando en estos días como el traslado de prebostes y la limpieza general y desinfestación de las celdas, al tiempo que advirtieron  que no bajaran  la guardia respecto a esta situación.

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