Cientos de jóvenes, mujeres, niños nacido en la patria de Duarte, aprovecharan la fecha para reclamar el respeto al imperio de la ley y el artículo 18 inciso 2 que establece que son dominicanos/as a todos los que gozan de la nacionalidad al momento de la promulgación de vigente constitución de la República Dominicana.

La caminata que se inicia a las 8 de la mañana en Batey 5 y termina en Batey 4 con una concentración en la que se le exige al estado dominicano respetar los derechos humanos y descontinuar las acciones contraria a la constitución y los tratados internacionales que coloca en un limbo jurídico a miles de hombres y mujeres que lo han dado todo por la patria que lo vio nacer.

La actividad fue ratificada por la asamblea realizada el 1ro de Noviembre del presente año en la comunidad de Batey 6 en la que participan los afectados y unas 16 organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil que conforma el Movimiento en la Región. Varios sectores de la sociedad entre ellos la Iglesia Católica han rechazado el fallo del TC.

Un grupo de 43 sacerdotes, religiosos y religiosas del  servicio pastoral de la Iglesia Católica denunciaron hoy el sufrimiento personal y familiar que ha generado la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional entre los dominicanos y dominicanas  que fueron afectados por la medida.

En una declaración pública  emitida desde el  histórico convento de  los dominicos, en la  Zona Colonial,  los consagrados aseguraron que la sentencia ya  incide negativamente  en el bienestar psicosocial y económico de las personas desnacionalizadas por la acción de la alta corte.

Además, advirtieron que la  medida  fomenta y refuerza actitudes de anti-haitianismo en algunos sectores del pueblo dominicano.

"Queremos hacerles saber a nuestros hermanos dominicanos y dominicanas afectados por la sentencia número 168-13 que estamos con ellos en la defensa de sus derechos y que estamos dispuestos a acompañarlos codo a codo desde sus comunidades eclesiales, desde sus organizaciones populares y desde los movimientos sociales", destacó el grupo católico en su comunicado conjunto.

En el documento también se afirma que la sentencia arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante ocho décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes en el momento de su nacimiento. Esta condición, agrega, les fue ratificada en el artículo 18.2 de la actual Carta Magna.

Según los agentes pastorales, claramente la sentencia debilita el Estado de Derecho del país y, con ello, incrementa la vulnerabilidad de los más pobres al violar los principios de favorabilidad y no retroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110 respectivamente.