Los alcaldes y alcaldesas dominicanos, conocedores de primera mano de los efectos y problemas derivados de la migración irregular, pero también del impacto social y económico, así como los aportes realizados por la mano de obra haitiana en muchas de las principales actividades económicas de los municipios y de cómo debe ser sometida a criterios de racionalidad y conveniencia nacional velando siempre por la garantía de los derechos humanos de los migrantes.