Otros 10 mil argentinos podrían ser cancelados por medidas FMI. Millares protestan

Las protestas comenzaron hace minutos frente a Ministerio de Hacienda de Argentina Las protestas comenzaron hace minutos frente a Ministerio de Hacienda de Argentina

Millares de trabajadores argentinos volvieron a protestar frente al Ministerio de Hacienda, en la tarde de hoy, contra los intentos de dejar sin empleos a otros 10 mil, por medidas del Fondo Monetario Internacional.

Los empleados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad se convocaron frente al Ministerio de Hacienda para repudiar el ajuste en el sector y defender las fuentes de empleos y sus salarios.

Los trabajadore acusaron a Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda, de querer destruir los entes cooperadores, la gran caja que tramitan los registros y las petentes de los autos de todo el país, con cuyos fondos se abona gran parte de sus sueldos. De llegarse a ejecutar esa medida, automáticamente se perderán 10 mil empleos.

“Los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad se convocaron frente al Ministerio de Hacienda para repudiar el ajuste en el sector y defender tanto las fuentes laborales como sus salarios, ante el intento del ministro Nicolás Dujovne de disolver los entes cooperadores, la gran caja que tramitan los registros y las patentes de los autos de todo el país, con cuyos fondos se abona gran parte de sus sueldos. Según la Unión de Personal Civil de la Nación, el objetivo es “administrar desde el Ministerio de Hacienda esos fondos en forma discrecional frente a las exigencias del FMI”. Los empleados, que están en estado de alerta y movilización desde que se conoció el plan de Dujovne, advierten que se podrían ejecutar 10 mil despidos tras la medida”.

En concreto, la intención de Dujovne es traspasar los entes cooperadores por los que están contratados todos los trabajadores de los Ministerios de Justicia y Seguridad. El Sistema de Cooperación Técnica y Financiera (los Entes de Recaudación) es el que autoriza a los ministerios a realizar convenios con entidades públicas o privadas que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera de éstas con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

Además, es la caja con la cual se abonan los salarios del 70 por ciento de los trabajadores del Ministerio y de los organismos descentralizados y programas de esa cartera, tales como la Unidad de Investigaciones Financieras, Oficina Anticorrupción, Servicio Penitenciario Federal, Secretaría de Derechos Humanos, Programas de Reparación, Trata de Personas, Niños extraviados, Plan Nacional Anticorrupción, INADI, entre otros.

Esos fondos son los que se utilizan para “mantener contratados a miles de trabajadores durante muchos años”, según explicó UPCN en el llamado a la movilización. Esos montos no son de carácter remunerativo pero “han formado parte del salario real neto, y generó estabilidad laboral tras las continuas renovaciones contractuales”.

El 1 de junio de 2018 los ministros de Hacienda y Modernización habían ya deslizado la posibilidad de avanzar sobre las cajas pero las autoridades se lo comunicaron finalmente al gremio el 29 de agosto. Desde entonces, están realizando medidas de fuerza para visibilizar su situación. Mientras tanto, la diputada del Frente para la Victoria y ex ministra de Seguridad Nilda Garré presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, al que suscribieron integrantes de ese bloque, para que el Gobierno explique cómo se preservarán las fuentes de trabajo tras la absorción de los entes.

Puntualmente, el escrito hace hincapié en cómo hará el gobierno para “asegurar la continuidad laboral con los mismos niveles de ingreso del personal contratado a través de los entes cooperadores”. También pide que se detalle para qué serán utilizados esos fondos para que “no sean absorbidos por las rentas generales del Tesoro Nacional”. Y pone especial énfasis en cómo harán para “garantizar la calidad y la mejora continua de los servicios administrativos involucrados”, específicamente aquellos que prestan los organismos públicos destinatarios de los convenios.

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