México consagra en su Constitución la defensa del maíz nativo frente a los transgénicos

La nueva legislación refuerza las restricciones ya vigentes contra las semillas transgénicas y contra el herbicida glifosato. El debate se intensificó en 2023, cuando un fallo determinó que el decreto presidencial que prohibía el uso masivo de maíz transgénico violaba el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aun así, el gobierno mexicano ha insistido en que la prioridad debe ser proteger el maíz nativo, un cultivo domesticado en Mesoamérica hace más de 9,000 años y que hoy representa cerca del 60% de la ingesta calórica diaria de la población.

La preocupación central de las autoridades y científicos mexicanos es la contaminación genética de las variedades tradicionales. Charles Benbrook, experto en biotecnología agrícola, advierte que “si se siembra maíz transgénico en México, el ADN novedoso terminará mezclados con las variedades nativas a través del polen, contaminando en una o dos décadas prácticamente todo el maíz no transgénico del país”. Esa advertencia cobra un sentido aún más profundo en un territorio que es considerado el centro de diversidad del maíz a nivel global.

En países como Estados Unidos y Brasil, donde el maíz transgénico domina más del 80% de los cultivos, las autoridades sanitarias y los grandes productores han defendido su uso por su resistencia a plagas y su alta productividad. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. sostiene que no hay riesgos graves para la salud humana derivados del consumo de este maíz. Sin embargo, organismos internacionales como la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (OMS) clasifica al glifosato, herbicida asociado al cultivo transgénico, como un probable carcinógeno. Investigadores de la Universidad Estatal de Washington y la Universidad de California, Berkeley, han vinculado el glifosato y el maíz genéticamente modificado con enfermedades neurológicas, problemas de fertilidad, daños hepáticos y alteraciones digestivas en animales de laboratorio.

Para los defensores de la reforma mexicana, estos riesgos, sumados al valor cultural del maíz, justifican la prohibición. La presidenta Sheinbaum ha descrito el maíz como una “identidad nacional”, recordando que “sin maíz no hay país”. El Congreso del Estado de México ratificó la reforma por mayoría, estableciendo que el cultivo debe permanecer libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción.

Sin embargo, no todos los actores políticos coincidieron. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) expresó que la medida carece de análisis científico riguroso y que podría frenar la innovación agrícola. Otros partidos, como Morena y Movimiento Ciudadano, defendieron que el maíz no solo es un cultivo estratégico, sino un símbolo profundo de la cultura campesina e indígena.

Comparado con otras regiones, México adopta una postura mucho más cautelosa frente a los transgénicos. En la Unión Europea, varios países mantienen restricciones parciales: Francia, Alemania y Austria prohíben el cultivo de ciertos tipos de maíz modificado, aunque permiten su importación para alimentación animal. Perú sostiene una moratoria de 15 años a cualquier cultivo transgénico, mientras que Argentina y Brasil han apostado decididamente por su expansión. Este contraste revela la tensión global entre la promesa tecnológica de los organismos genéticamente modificados y la defensa de los ecosistemas agrícolas tradicionales.

En el Caribe, República Dominicana también enfrenta tensiones entre la modernización agrícola y la preservación de cultivos autóctonos. El país es centro de diversidad del cacao criollo, un cultivo con importancia económica y cultural semejante a la que el maíz tiene en México. Aunque no existe aún una legislación que prohíba expresamente los transgénicos, organizaciones campesinas y ambientales han alertado sobre los riesgos de introducir variedades genéticamente modificadas de cacao, plátano y arroz. La Red Dominicana por la Soberanía Alimentaria ha planteado que la entrada de semillas patentadas podría erosionar la diversidad genética local y comprometer la seguridad alimentaria de miles de pequeños productores. Este debate, todavía incipiente, recuerda que, aunque la biotecnología promete mayores rendimientos, proteger la biodiversidad agrícola es también una cuestión de identidad nacional y de resiliencia ante el cambio climático.

La nueva reforma mexicana compromete al Estado a impulsar políticas de fomento a la producción de semillas nativas y de desarrollo rural. Poco después de su aprobación, el Estado de México destinó más de 3 millones de pesos en apoyos directos a productores de maíz y amaranto nativo. Además, se promueve la investigación y conservación de la agrobiodiversidad en alianza con instituciones como el CIMMYT.

Para Timothy Wise, investigador de la Universidad de Tufts, la medida envía un mensaje claro a Estados Unidos y Canadá: México no renunciará a su lucha por la soberanía alimentaria. “El gobierno estadounidense ha usado el T-MEC como arma para frenar políticas nacionales que apenas afectaba el comercio real. Pero la mayoría de los mexicanos prefiere tortillas hechas con maíz local, sin transgénicos”, afirma Wise.

Más allá de la polémica comercial, la reforma refleja un esfuerzo por proteger un patrimonio biocultural que define la identidad nacional. En palabras de la diputada Ruth Salinas Reyes, “se defiende un producto que da sentido a México, base de la agricultura campesina y alimento principal del pueblo”. Frente a un mundo donde el avance biotecnológico parece imparable, México elige un camino diferente: preservar la diversidad genética y cultural de su grano más emblemático.