Álvarez señaló que, desde el regreso del actual presidente a la Casa Blanca, se han reportado más de sesenta muertes de personas bajo custodia de ICE o durante operativos de inmigración.

Entre los casos más recientes mencionó a Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años autorizado para trabajar en Estados Unidos que falleció tras recibir disparos de agentes de ICE en Maine, y a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción en Texas que había residido en el país durante 35 años y que, según su familia, estaba próximo a regularizar su situación migratoria, pero murió durante un operativo pese a no ser el objetivo de la intervención.

“Detrás de cada una de estas tragedias hay familias, trabajadores y comunidades que enfrentan pérdidas irreparables. No podemos permitir que estas muertes se normalicen ni que el ejercicio del poder público se aleje de los principios fundamentales de la dignidad humana y la rendición de cuentas”, afirmó.

El asambleísta sostuvo que los recientes acontecimientos reflejan preocupaciones que trascienden el debate migratorio y plantean interrogantes sobre los límites del poder gubernamental y la protección de los derechos civiles.

Además, enfatizó que la rendición de cuentas debe aplicarse a todas las instituciones gubernamentales y afirmó que ninguna agencia federal debe estar exenta del cumplimiento de la ley.

Como parte de ese llamado, instó al Congreso a retirar a ICE de las calles, congelar y reasignar los recursos destinados a ampliar la detención, las deportaciones, la vigilancia, la militarización de la frontera y la contratación de nuevos agentes, destinando esos fondos a fortalecer el acceso a la atención médica, la vivienda, la representación legal, los servicios de salud mental y otros programas comunitarios que contribuyen a una mayor seguridad pública.