Embargan cuentas de la Cancillería por deudas de salarios

El abogado, licenciado Juan José Peña informó que en el día de ayer fueron trabados embargos retentivos u oposiciones en varios bancos, incluyendo el Banco de Reservas, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso y de otras autoridades de la Cancillería para preservar el pago de salarios debidos a sus representados, los licenciados Willis Ramírez y Leonida Minaya.

Explicó que el Canciller y las autoridades de la Cancillería, en actos antijurídicos sin precedentes, se negaron a pagarle los salarios a sus clientes, quienes fueron designados como Embajador y Tercera Secretaria ante el Foro de Estados ACP, respectivamente, mediante el Decreto No. 648-08 que dictó el señor Presidente Leonel Fernández en fecha 17 de octubre de 2008.

Dijo que el señor Carlos Morales Troncoso, los viceministros José Manuel Trullols y Louis Bogaert Marra, así como los encargados de los Departamentos Administrativos y de Recursos Humanos de la Cancillería Miguel Bogaert Marra y Agustina Sánchez Matos, se hicieron deudores personal y solidariamente de sus representados, cuando desafiando todos los preceptos constitucionales, les violentaron Derechos Fundamentales como el Derecho al Salario Justo y Suficiente, el Derecho al Trabajo y el Derecho a la Seguridad Social.

Anotó que en procura de restituir esos derechos violados, en abril de 2011 fueron interpuestos Recursos de Amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, los cuales tienen más de un año en espera de sentencias.

Precisó que dichos embargos fueron interpuestos para preservar y garantizar el pago de los salarios e indemnizaciones debidos a los señores Willis Ramírez y Leonida Minaya, como medidas precautorias y urgentes hasta tanto el Tribunal Superior Administrativo dicte las sentencias sobre los Recursos Constitucionales de Amparo.

El licenciado Peña, se mostró confiado en que la Justicia Dominicana hará prevalecer la supremacía de la Constitución del 26 de Enero de 2010 y de los Acuerdos Internacionales, que garantizan la aplicación directa e inmediata del bloque de constitucionalidad, especialmente porque el Tribunal Superior Administrativo aplicará en este caso, lo dispuesto por el Artículo 6 cuando dice que "todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda acción u omisión contraria a esta Constitución".