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Episcopado Dominicano pide a legisladores ratificar Código Penal sin enmiendas

Episcopado Dominicano pide a legisladores ratificar Código Penal sin enmiendas Fuente externa.

Para los líderes religiosos: "La "legalización del aborto" es dictar "pena de muerte", a una persona, por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación".

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) llamó a los legisladores a ratificar el Código Penal tal y como lo hicieron hace unas semanas.

En un documento firmado por Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, obispo de la Altagracia, Higüey y presidente de la CED; José Dolores Grullón Estrella, obispo de San Juan de la Maguana, vicepresidente; Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, obispo de Baní; Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de San Francisco de Macorís; el reverendo padre Carmelo Santana Jerez, secretario general de la CED; el reverendo padre José Joaquín Domínguez Ureña, Secretario General Adjunto, y titulado Comunicado al Congreso Nacional
Sobre el Código Penal y la Defensa de la Vida
pidieron a los congresistas no realizar enmiendas a la pieza que fue devuelta por el Poder Ejecutivo con algunas observaciones.

"Apelamos a nuestros legisladores que representan al pueblo dominicano, que en su gran mayoría ama la vida y la defiende desde su concepción hasta la muerte natural, que ratifiquen el Código Penal sin enmiendas", manifiesta el documento.
Para basar su petición esgrimen una serie de argumentos entre los cuales se citan artículos de pactos y convenios internacionales firmados por el país en materia de los derechos humanos para defender su posición antiaborto basado en violaciones sexuales.
En ese sentido los prelados plantean: "Proceder al aborto porque el embarazo de la madre es fruto de una violación es condenar a la muerte al inocente e indefenso en violación al artículo 5.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que dispone que "la pena no puede trascender de la persona del delincuente", es decir, que la criatura no tiene que pagar por la culpa del violador. También, sería violar la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña que promulga que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso, la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento" (Preámbulo, párrafo 9)".
En lo relativo a los traumas dejados por una violación el Episcopado responde: "Aunque es verdad que la violación produce un trauma en una mujer violada, el aborto le ocasiona otro trauma sicológico perdurable en el tiempo llamado "síndrome del post-aborto. Nunca un crimen se puede reparar con otro crimen como lo es el aborto".

También refutan el argumento de las mal formaciones para defender la postura de la interrupción del embarazo para lo que citan: "Practicar el aborto cuando la criatura tenga malformaciones sería condenar a muerte a una vida indefensa e inocente. Sería decirle al 7 por ciento de la población dominicana con discapacidades que ellos no merecen vivir, cuando ellos tienen tantos dones que aportar al bien de su familia y de su patria".

Apelan al derecho a la vida de la criaturas en el vientre argumentando: "Alabamos y hacemos nuestra la preocupación por la vida de la madre, pero seríamos excluyentes y discriminatorios si sólo defendemos los derechos de la madre y condenamos a muerte al hijo que está en su vientre, que también merece del Estado, de sus progenitores y de toda la sociedad "el derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral" tal como establece el artículo 38 de nuestra Constitución".
Para los líderes religiosos: "La "legalización del aborto" es dictar "pena de muerte", a una persona, por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación".

A continuación el texto integro de la comunicación de la CED (hacer clic para continuar leyendo):

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