FTJ se queja de inacción en casos de corrupción denunciados

Trajano Potentini, presidente de la entidad de sociedad civil, pidió al Presidente Medina revisar y anular el festival de ventas, contratos y concesiones de bienes y servicios con el Estado, suscritos en los últimos tres meses de la transición, en la mayoría de los casos sin observar los procedimientos contables, sus leyes especiales y la ley 340-06 sobre compra y contracciones.

Entre los casos que son motivo de preocupación para Justicia y Transparencia, se encuentran: los escándalos, quiebra y descalabro económico de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la venta de Antena Latina por 5 millones de dólares, la sobrevaluación de varias obras a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, los contratos grado a grado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la querella del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en contra de las empresas Ege Haina  y Ege Itabo, por la presunta estafa de varios miles de millones de pesos en contra del Estado y la asignación por parte del Ministerio de Obras Públicas de más del 90% de todas las megas obras a dos empresas de capital brasileño en violación a las leyes.

Sobre la Corporación de Empresas Eléctircas Estatales (Cdeee). En relación con la CDEEE, Justicia y Transparencia se mostró alarmada por la deuda dejada por Celso Marranzini, de más de 1,000 millones de dólares, el auto-pago de prestaciones multimillonarias de sus funcionarios y la suscripción de contratos grado a grado en violación a las leyes, general de electricidad y 340-06 sobre compra de bienes y servicios con el Estado, estas acciones ameritan la urgente intervención del gobierno, revisando e investigando las acciones y ejecutorias de la CDEEE, durante la administración del señor Celso Marranzini.

Venta de acciones de Antena Latina sin licitación. Sobre la venta de las acciones del Estado Dominicano, del canal Antena Latina, en secreto, en el período de transición, por apenas unos 5 millones de dólares, menos de la mitad de su valor real, a Ángel González, empresario mexicano radicado en Miami, con múltiples negocios a nivel internacional, hoy bajo la lupa, del cuestionamiento y escrutinio de los gobiernos, constituye motivo de sospecha, lo que nos lleva a exigir del Banco Central, las explicaciones, detalles, condiciones y parámetros, bajo los cuales cedió esta propiedad al referido empresario, todo ello rodeado de un manto de secretismo que llama a preocupación.

Asimismo la FJT solicita al INDOTEL abstenerse de trasferir la frecuencia de Antena Latina, hasta tanto no se aclare bajo cuales circunstancia fue el Estado Dominicano despojado de las acciones del canal 7.

Sobrevaluación de obras a cargo de la OISOE. La entidad de sociedad civil, al referirse a la la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado (OISOE), lamentó que la misma se haya convertido  en un hoyo negro y retranca para el manejo adecuado y eficiente de los fondos públicos puesto a su cargo, y que bajo la administración del señor Luis Sifres, surgieron los más variados y diversos cuestionamientos, sobre la sobrevaluación de obras, entre las que citamos: la Biblioteca Nacional, el  Merca Santo Domingo, la Torre Administrativa y el Comedor de la UASD, el Hospital Oncológico, entre otras, las cuales deben ser intervenidas, auditadas e investigadas, además de considerar la pertinencia de eliminar de la estructura del estado, ese entramado de complicidad y corrupción en que se ha convertido dicha oficina, en los últimos años.

Contrataciones gradoa a grado de Díaz Rúa. La FJT considera también como un motivo de gran preocupación los negocios y contratos concertados por la administración de Día Rúa al frente del Ministerio de Obras Públicas, en beneficio fundamentalmente de la compañía constructora de capital brasileño ODEBRECHT, con la asignación de miles de millones de dólares en obras, y la concepción de carreteras y peajes, sin observar los dictados de la ley 340-06, lo que nos lleva a solicitar, de las actuales autoridades la intervención y revisión de sus operaciones.

Contratos grado a grado del Indrhi. Las acciones del director del INDRHI, señor Frank Rodríguez, durante el periodo de transición han sido motivo de escándalo al comprobarse la asignación grado a grado de varios contratos millonarios, uno a nombre de Devialsa Desarrollo Vial a nombre de Víctor Concepción, y otros a nombre del señor Ángel Rondón Rijo, no solo en violación a la ley, sino también ante una y evidente complicidad de conflictos de intereses al resultar ser uno de los miembros y accionista de la compañía beneficiaria con dos contratos, además de ser el encargado por muchos años de un departamento en el  INDRHI, quien responde al nombre de Roberto Amiro Santana, dueño original de CONAMSA, hoy receptora y privilegiada con los jugosos contratos, como puede verificarse en las copias que entregamos en anexo.

Constituye también motivo de preocupación el otorgamiento grado a grado a una empresa colombiana de nombre integral el contrato de supervisión de la presa de monte grande por 12 millones de dólares, asignado por la gestión de Frank Rodríguez.

Querella del Fonper contra EgeHaina. En el caso del FONPER saludamos la actitud valiente del señor izquierdo, al destapar la caja de pandora que supone la posibilidad de una estafa descomunal en contra del estado dominicano que envuelve varios miles de millones de pesos, aun cuando desaprobamos y exigimos que se deje sin efecto el contrato posiblemente de más de quinientos millones de pesos suscrito por izquierdo y una oficina de abogados, somos de opinión que el problema fundamental radica en las acusaciones que dan cuenta de un fraude sin precedentes que debe ser investigado y perseguido hasta las últimas consecuencias.

Asimismo consideramos que el actual incuembente del FONPER, señor Fernando Rosa debe ser suspendido y ponerse a disposición de la justicia, a los fines de que explique sobre la referida estafa presuntamente perpetrada en una gestión anterior del señor Rosa, también al frente del FONPER, eventualidad que lo convierte en juez y parte y en consecuencia la principal retranca para llevar a cabo una investigación fiable.

Finalmente la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) le sugiere al gobierno, el conformar una comisión y contratar un cuerpo de abogados que se encarguen de revisar fundamentalmente los contratos y operaciones, intervenidas durante los tres meses de la transición, con el objeto de encaminar las acciones tendentes a recuperar los bienes del estado, defraudados bajo diversas modalidades, que hoy son objeto de la alarma publica en reclamo de cero impunidad y combate a la corrupción en toda su dimensión.