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Álvarez Renta pide investigar paradero de mil 200 millones de pesos del caso Baninter

 Luis Alvarez Renta. Luis Alvarez Renta. Fuente externa.

El financista Luis Alvarez Renta solicitó  formalmente al  Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que disponga una investigación sobre el paradero de mil 200 millones de pesos, procedentes de sus bienes personales, que supuestamente fueron incautados o entregados voluntariamente a la Comisión Liquidadora en el Caso Baninter y que alegadamente no aparecen registrados en los activos que debían  estar depositados en el Banco Central.

En una carta dirigida al máximo representante  del Ministerio  Público, el economista condenado a diez años de prisión por su alegada complicidad en la quiebra del Banco Baninter,  propone que su denuncia sea investigada por el Departamento Anti Corrupción "para  recuperar, en favor del Gobierno y el Pueblo Dominicano, esos recursos que tanto necesita el nuevo gobierno y el pueblo dominicano para paliar los problemas de la Nación".

"En efecto, la sentencia del Baninter me acusó de sustraer de esa institución 22  millones de dólares. Sin embargo, de manera directa, o indirectamente a través de mis hijos y de otras partes, me fueron incautados o voluntariamente entregados a la Comisión de Liquidación de Baninter más de treinta millones de dólares, más de mil 200 millones de pesos,   que inexplicablemente y de manea misteriosa, han desaparecido y no aparecen registrados en los activos ni recibidos en la referida comisión", apunta Alvarez Renta.

El conocido empresario rebate en su misiva la afirmación que hizo el doctor Domínguez Brito cuando decidió no acatar la sentencia de un juez que le  otorgó prisión domiciliaria a Alvarez Renta por razones de salud, porque supuestamente éste  no había resarcido los daños a la sociedad.

Definió ese reclamo del funcionario como extraño y falso ya que la sentencia dictada en su contra fue por supuestamente haber sustraído 22 millones de dólares,  y las autoridades del Banco Central, a través de la Comisión Liquidadora de Baninter, se apropiaron de más de 30 millones de dólares procedentes de los bienes propios y de sus hijos.

"Usted señala en su declaración que ha sido motivado "por la lucha contra la impunidad", señalando que no he "resarcido a la sociedad ni a las victimas". No voy a entrar en detalle en lo que siempre he mantenido, y es que soy inocente, porque no es el momento ni el lugar para esa discusión, ya está depositada en instancias internacionales. Pero es bien conocido que el Juicio Baninter se convirtió en un fusilamiento mediático, que concluyó con innumerables rupturas del debido proceso para condenar, a como diera lugar, a Luis Alvarez Renta", indica el financista.

Y recuerda que en el tribunal de primera instancia, luego de ser acusado de "cómplice de lavado" la sentencia liberó de lavado a los demás, condenándolo a él, sin decir quien era su "cómplice", ni en favor de quien había "lavado".

"Basta también con leer los artículos 228 y 229 de la sentencia de apelación, donde se declara válida mi apelación para entonces, increíblemente, condenarme al final como resultado del cambio de la sentencia hecho seis horas antes de su lectura, olvidando cambiar los artículos que contradicen la sentencia final", subraya Alvarez Renta.

Contrasta desacato con el "Caso Bolinaga" en España. Alvarez Renta incluye en su carta al doctor Domínguez Brito un una serie de recortes del Periódico El País en que se denota la actitud del Gobierno de España, encabezados por el Presidente Mariano Rajoy y por el Ministro de Interior Jorge Fernández "quienes cumplieron con una sentencia de conceder prisión domiciliaria ordenada en favor del llamado "etarra Bolinaga", condenado por triple homicidio y secuestros ocurrido durante las campañas de terrorismo de la ETA".

Refiere que esa decisión tuvo una férrea oposición de gran parte de la opinión pública y de líderes de su propio partido victimas de la ETA, que abogaban en su sed de venganza, que el etarra "debía estar en la cárcel hasta cuatro horas o días antes de su muerte", pero el Presidente Rajoy expresó: "Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel" y "he tenido que aceptar decisiones que no me gustan, es el Estado de Derecho que estoy comprometido a defender".

Mientras que el  Ministró del Interior  declaró que  "el Gobierno se limitó a cumplir la ley y que no actuar como lo hizo hubiera supuesto prevaricar, que es lo mismo que dictar resoluciones injustas a plena conciencia". La decisión del Juez fue luego confirmada por la audiencia nacional, que consideró que solo era necesario para justificar la excarcelación un "peligro patente", señalando que "para que exista ese peligro no es necesario que el enfermo se encuentre en estado terminal", como mantenía el fiscal en su recurso y alegaciones.

En su carta Álvarez Renta define como  sospechoso  e indicativo de alguna  vendetta personal, que el Procurador General  haya dedicado tres días de lo que debía ser una muy agitada y apretada agenda para dar repetidas declaraciones sobre el tema, así como para decidir asignar tres Procuradores Adjuntos del Departamento de Investigaciones Contra la Corrupción encabezados por su Director, el doctor  Hotoniel Bonilla, para hacer frente a su caso de manera realmente impulsiva y compulsiva, "tomando en cuenta, dados los serios problemas de seguridad ciudadana, y lo que debieran de ser importantes investigaciones de otros graves casos de corrupción que están pendientes, y que ahora mismo tienen mucho más prioridad para la nación".

 

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