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Piden eliminar privilegios excesivos de diputados y congresistas de RD

La sociedad civil se ha mostrado partícipe de la eliminación de una serie de privilegios que le otorgan fuera de las leyes a los legisladores dominicanos y este reclamo se sumó el movimiento cívico Participación Ciudadana, quien pide a los nuevos legisladores que su primera medida sea eliminar ellos mismos los abultados privilegios acumulados de gestiones anteriores.

Participación Ciudadana afirma que dichos privilegios han distorsionado la esencia de los legisladores en el Congreso, que en vez de servir se van a servir de los fondos públicos del Estado.

“El cese de estos privilegios debe empezar con la eliminación de las dos exoneraciones para importar vehículos y continuar con la clausura del llamado “Fondo de Asistencia Social” o “barrilito”, mediante el cual se entrega RD$400,000.00 mensuales a cada senador, más RD$1.00 por cada habitante de su provincia, con tope de hasta RD$900,000.00. Seguir con la eliminación del “cofrecito”, consistente en bonos y partidas para distribuir a discreción en fechas especiales. Igualmente, eliminar el pago por asistencia a las sesiones del hemiciclo y reuniones de las comisiones, ya que eso es parte de su trabajo, por el cual se les paga más de RD$200,000.00 a los diputados y RD$300,000.00 a los senadores”, enumeró el movimiento cívico, entre otros los beneficios que reciben los legisladores.

En un comunicado de prensa indicó que, asimismo, se debe racionalizar los RD$100,000.00 mensuales de dieta, viáticos y gastos de representación, de oficinas senatoriales y disminuir los empleados asignados a cada senador. Por último, se debe revisar el sistema de pensiones de los legisladores, según el cual, con solo 4 años en el puesto, un parlamentario puede ser pensionado.

Igualmente solicitó al nuevo Presidente de la República, así como al nuevo Director de Presupuesto, que en caso de que los legisladores no acaten los recalmos ciudadano, dichos privilegiso sean excluidos del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente a 2021, arguyendo que violan el artículo 93 de la Constitución.

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