Denuncian elección del Defensor del Pueblo “está secuestrada”

“La elección del Defensor del Pueblo está secuestrada” y que ante tal situación “no tendría sentido tampoco acudir a la Suprema Corte de Justicia” afirmó la candidata.

Guzmán, quien es presidenta fundadora del Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política, advirtió que en este proceso se “han estado violando los plazos que impone en su artículo 192 la Constitución de la República”.

“Y lo peor de todo es, diríamos, en poner a los que aplicamos para el puesto a hacer un teatro, personas todas de respeto, profesionales de reconocimiento social, que han terminado haciendo el rol de lavadores del proceso”.

Por otro lado, la licenciada Guzmán indicó que desde el inicio de dicho proceso el rumor público ha indicado que hay un candidato seleccionado en base a acuerdos interpartidarios.

Entiende que ese “encargo” no nos puede ser impuesto, y menos para un órgano de contrapeso, de una responsabilidad tal, como lo es la Defensoría del  Pueblo. Adelantó que si así son las cosas, de seguir ese curso, “rechazamos cualquier elección que empañe la transparencia que nos merecemos”.

“Lo rechazamos y le restamos legitimidad en nombre de la democracia, en nombre de nuestro estado de derecho, el que nos garantiza nuestra Constitución, y que ningún poder del Estado deberá colocarse por encima”, enfatizó Guzmán.

Sostuvo que “los que aspiramos a defender los derechos del Pueblo no podemos permitir que se nos violentan los nuestros derechos y quedarnos callados”. “El que tiene miedo o le falta carácter no es digno de esta posición”, subrayó la aspirante a Defensora del Pueblo.

Destacó que “la ruta pedregosa que ha ido transitando la elección del Defensor del Pueblo está a todas luces viciada”. “Este no es el proceso para el cual hemos participado, no Señores Legisladores”, insistió.

La licenciada Guzmán precisó que respeta al Congreso de la República como poder y autoridad del Estado, como dignos representantes del pueblo, “pero le exigimos el respeto del cual somos acreedores, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución, en su calidad de “sujetos obligados o deudores”. 

“Clamamos por transparencia. Esto no se resuelve de manera fraccionada sino de manera integral. Es de sabios rectificar”, recalcó.