Senado aprueba en primera lectura el Código Penal
- Escrito por Mabel Rivas
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El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de Ley del Código Penal de la República Dominicana, donde no se incluyeron las tres causales del aborto.
El código penal tiene el propósito de regular nuevos tipos penales, reformando de manera íntegra el derecho penal dominicano con la finalidad de proveer soluciones a la justicia, haciendo más efectivo su funcionamiento en el contexto de los principios de legalidad, equidad y razonabilidad.
La pieza legislativa, presentada por los senadores Ramón Rogelio Genao y Virgilio Cedano, fue aprobada con una votación de 23 de 27 senadores presentes en la sesión del Pleno del miércoles, luego de que se presentara el informe del estudio del proyecto.
La normativa indica que el Estado podrá cumplir con su función esencial, consistente en la protección efectiva de los derechos de las personas y la protección de los bienes jurídicos. Además, permitirá un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
El objetivo de la pieza es garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas, resguardo de los bienes jurídicos, a los fines de asegurar las libertades fundamentales, la convivencia, la paz social y su desarrollo progresivo derivadas de la correcta identificación de las conductas sociales perniciosas en perjuicio del Estado y los particulares, así como las sanciones idóneas para su corrección en aras de asegurar la justa reparación a las víctimas, la reeducación y la reinserción social de los condenados.
Con la reforma íntegra del Código Penal se dota a la República Dominicana de un ordenamiento jurídico moderno que recoge las tendencias penológicas mundiales, en la cual se desarrollan técnicas punitivas que permitan satisfacer las nuevas políticas de seguridad y control, que aumenten la seguridad jurídica, disminuyan los riesgos de impunidad y consoliden el cumplimiento normativo, respondiendo a los compromisos estatales para combatir la criminalidad.
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